Operación mochila, una violación a los Derechos Humanos

26 de abril de 2016

Operación mochila, una violación a los Derechos Humanos

Tras los hechos ocurridos en la secundaria “Adolfo López Mateos” de Chichimilá, donde policías municipales que participaron en la Operación Mochila desnudaron y, al parecer, agredieron a los estudiantes, el Grupo Indignación, a través del abogado Jorge Fernández Mendiburu, expresó que es una “grave violación a los derechos humanos”

“Particularmente porque estamos hablando de la intromisión en la vida privada de adolescentes, casi niños, y que representa un motivo de preocupación que el discurso de Seguridad que se está generando en el Estado este orillando a este tipo de operativos que son totalmente contrarios a cualquier derecho”.

El jurista indicó que, en sí, el mismo operativo es una violación y que no puede ser parte de una política de Seguridad ya que no es respetuosa de los Derechos Humanos, por lo que exigen severas sanciones para los policías que realizaron estas acciones.

Agregó que la prevención de delito tiene que contar con la participación de toda la sociedad y no generar medidas de carácter unilateral; ya que las medidas de prevención para un sector tan vulnerable como es la infancia se tiene que dar en un marco de respeto, trabajo comunitario, y en colaboración de las escuelas, padres de familia y autoridades.

“Nosotros reconocemos la preocupación y la gravedad sobre el tema del acceso que podrían tener los niños adolescente a las armas o estupefacientes pero el enfoque tiene que ser distinto, es decir, el trabajo que se tendría que hacer tendría que ser más desde la perspectiva de la educación, del trabajo conjunto entre escuela, padres de familia y que se realicen este tipo de medidas que son propias de un régimen autoritario, no podemos pensar en este tipo de medidas como una solución a ninguna situación de inseguridad que se pueda estar gestando en el Estado”.

Señaló que es preocupante que este tipo de operativos se estén realizando  casi de manera exclusiva en las comisarías y los pueblos,  dejando un dejo de racismo en el actuar de estas autoridades.

“Es decir, en el sentido de que si fuera un operativo que se está realizando en todas las escuelas públicas o privadas de todo el Estado, diría… bueno, no quiere decir que sea constitucional o que sea correcto, aquí se está llevando a algunas comunidades como en este caso Chichimilá, entonces también nos preocupa que sea una política pública racista, ¿no? Es decir, no se aplica por igual la Ley a todos, cuando la problemática de las armas y las drogas puede ser generalizada, no focalizada”.

 

Por último, el letrado exhortó a los padres de familia a exigir una explicación por parte del Director del Escuela y que se interponga una denuncia para que los involucrados tenga n la más severa sanción, ya que no se deben permitir estos actos en aras de una supuesta Seguridad.

Nota escrita por

Subiria Duarte

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Preocupa a integrantes del Grupo Indignación que se trate de una política de Seguridad racista, ya que se aplica de manera persistente en el interior del Estado

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