El Mundo al Instante

La noticia corrió como reguero de pólvora, invadió redes sociales, explotó en el comentario popular y, en un abrir y cerrar de ojos, sin conocer detalles ni esperar confirmación oficial alguna, por unanimidad condenamos al marido, ese uxoricida que está preso en Tabasco acusado de delitos diversos relacionados con el lavado de dinero y el fraude.

¡Feminicidio! Gritamos todos al unísono. No hay lugar a dudas, fue un feminicidio anunciado, la autoridad debió proteger a la víctima y no lo hizo, la señora Emma Molina Canto pagó con su vida el atreverse a pelear la custodia de sus hijos retenidos por el ex marido… Y, sin más, nos rasgamos las vestiduras y quizá lo hicimos con razón.

Pocos nos detuvimos en el hecho, quizá digno de un récord guines, de la detención de los presuntos homicidas en unos cuántos minutos; pocos nos pusimos a pensar que, legalmente, quizá nunca se dé con el autor intelectual de tan execrable asesinato, si damos por cierto que los homicidas no tenían más móvil que el dinero recibido por la ejecución.

Poco probable sería, y tal vez hasta infantil, pensar que el ex marido contrató desde prisión y en persona a los asesinos; al parecer así no se hacen las cosas, siempre habrá un tercero, y quizá hasta un cuarto que se encargue de contratar a los sicarios.

Es poco probable, muy poco, que los salvajes homicidas, que hasta presumieron en redes el dinero recibido, hayan sabido del pleito de custodia que enfrentó a aquella pareja, y quizá nunca hayan escuchado ni el nombre de quien supuestamente aportó el dinero. Así se operan las cosas en el bajo mundo.

Y esto, estamos seguros, le estará quitando el sueño a más de un funcionario público estatal y en especial al jefe de éstos. ¿Cómo llegar legalmente al asesino intelectual? Porque si obligan a los detenidos a inculpar al marido preso, muy probablemente se desdigan en un juicio oral y ante un abogado habilidoso.

Y si nuestras autoridades no señalan con dedo flamífero a quien nosotros ya condenamos, y si éste delito por falta de elementos no se castiga como lo queremos, como feminicidio y con la pena máxima de 50 años, el gobierno del Estado no se la va a acabar.

La oposición, representada por partidos políticos y diversos grupos sociales tendrán material suficiente para restregarle a nuestras autoridades, el ambiente electoral comenzará a calentarse y las bofetadas empezarán a aflorar antes que el árbitro electoral dé la señal de arranque.