El abandono en el Hospital de Ticul

La empresa Grupo Marhnos, que incumplió con la construcción del hospital de Ticul y abandonó la obra apenas con una 39 por ciento de avance, pretende que el Estado le pague la cantidad de 723 millones de pesos, contra los 125 millones que le ofrece el Ejecutivo local.

Como informamos en su oportunidad, el Gobierno del Estado contrató con la sociedad Infraestructura Hospitalaria de la Península, perteneciente al Grupo Marhnos, la construcción y operación de un hospital en Ticul, contrato que tenía una  vigencia de 25 años y obligaba al Estado a pagar anualmente $237 millones, con mensualidades de casi $20 millones, rebasando los $5,500 millones.

Sin embargo, ante el incumplimiento de la empresa constructora, a pesar de que se le concedió una prórroga de 300 días, el Ejecutivo del Estado  rescindido el contrato, lo cual dio origen a una controversia que se ha dirimido en diversos procedimientos y juicios ante las autoridades administrativas estatales, y judiciales estatales y federales, que han sido favorables al Estado.

Ante esa situación se determinó que el valor actual de la obra del hospital es poco mas de  $160 millones, por lo que restando las penalidades contractuales por el incumplimiento que sumaron casi $34 millones, el adeudo a cargo de Gobierno por la rescisión del contrato hacen la cantidad de  $125 millones.

Grupo Marhnos resolvió combatir el monto de la deuda mediante juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, organismo que por sentencia definitiva confirmó la suma de $125.051,765.70 como monto del adeudo, declarando la validez de la resolución impugnada.

No contento con esa resolución, Marhnos  acudió a la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, en aras de obtener otra determinación, donde promovió un juicio arbitral mediante el que, contrario a lo que ya se resolvió, pretende cobrar todas las cantidades que, según dice, invirtió en la realización del 39.02% de la obra, a pesar de que incumplió con el contrato PPS.

Sin embargo, el gobierno del Estado no se sometió a dicho tribunal arbitral e hizo valer la incompetencia del mismo por corresponder a las autoridades locales y federales que ya estaban conociendo de la controversia y que posteriormente resolvieron en definitiva.