Temen por tráfico ilegal de asfalto líquido en Progreso

Desde el 2015, se construye en el Parque Industrial de Progreso una planta de almacenamiento y distribución de asfalto líquido que carece de permiso y podría dar pie al comercio ilegal de la mezcla del hidrocarburo en Yucatán.

En marzo de ese año, se solicitó su clausura por no contar con los permisos correspondientes, por lo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizó el proceso necesario y la multó, según informa su delegado en Yucatán, José Lafontaine Hamui.

“Nosotros en 2015 llevamos el procedimiento administrativo, se clausuró en su momento y en su momento también se resolvió, se sancionó a la empresa, se le impuso una multa, todos los datos aún son reservados ya que la empresa impugnó nuestra resolución; el proceso y la operación de la planta no es competencia de la Profepa”.

Sin embargo, las quejas continúan ya que la planta, propiedad de la empresa Fluidos Peninsulares, S.A. de C.V., ha seguido funcionando sin contratiempos y están a punto de recibir –vía marítima- su primer cargamento de asfalto líquido.

Lafontaine Hamui indicó que el tema ahora es competencia de la Agencia nacional de Seguridad Industrial y Protección Ambiental del Sector Hidrocarburos (de la ASEA – Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente).

“Repito, la Profepa no es competente en cuanto a la operación de una planta de asfalto son otras autoridades como la ASEA, de igual manera el 2 de marzo del año pasado también se excluye a la Profepa de cualquier inspección o investigación que se haga en una planta que tenga que ver con el sector hidrocarburos y en sus procesos, de hecho, las personas que señalan pusieron una denuncia en el Órgano Interno de Control que es la que dicen, derivado de que yo no debía ser competente como delegado de la Profepa para investigar, sino la ASEA, entonces lo importante aquí es decidir cuál es la competencia que tiene cada autoridad y entonces que trabaje de acuerdo a su obligación legal”

Insistió en que Profepa vigiló el procedimiento administrativo, se clausuró en su momento y debido a que la empresa impugnó la decisión, el caso ahora se encuentra en un Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Con respecto a las afirmaciones que se hacen en el sentido de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que encabeza en Yucatán, no ha cumplido con sus obligaciones en el caso, José Lafontaine aclaró…

“En ese sentido yo creo que estas afirmaciones, además de que carecen de sustento porque hay expedientes que inclusive se terminaron en los meses de junio y julio del año pasado donde ya llevamos más de un año, y estas afirmaciones parecen indicar que la Profepa no ha trabajado, cuando inclusive ya terminó su trabajo ya está otra instancia revisando el caso, esas impugnaciones, esas denuncias en el órgano interno de control inclusive ya terminaron donde se resolvió que obviamente no había ninguna violación a ningún proceso administrativo por parte de Profepa. La Profepa su competencia es muy clara cuando se trata de ese sector que lo ve por mandato de Ley, otra autoridad”.

Cabe recordar que los trabajos para la construcción de la planta propiedad de Fluidos Peninsulares S.A. de C.V. iniciaron en febrero de 2014; cuyo estudio de impacto ambiental indicaba que en la Unidad de Gestión Ambiental donde está ubicada, está prohibida cualquier actividad industrial.