Profeco realiza operación de vigilancia en casas de empeño

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) está realizando una operación de vigilancia en 12 municipios del estado, esto debido al número de quejas que han recibido por parte de los usuarios e incluso a petición de algunos alcaldes, quienes desean se hagan inspecciones más a fondo de los servicios que dichas casas prestan, además de solicitar que se brindan platicas a los ciudadanos a fin de que estén bien informados sobre sus derechos y denunciar cualquier anomalía en caso de existir, indicó el titular de la PROFECO José Antonio Nevares Cervera.

“Estamos generando una ruta, estaremos en las principales ciudades de la zona oriente, sur y zona norte, en Progreso, Celestún, Tizimín, Valladolid, Motul, Ticul, hemos recibido el llamado de las autoridad, tanto de alcaldes como de regidores, nos han solicitado la presencia en esa zona” comentó.

En el estado hay registradas 542 casas de empeño y el 75% se encuentran en la capital, donde la mayor concentración de estas se localizan en el Centro Histórico, en las cercanías de los casinos y en el sur de la ciudad.

Los municipios que más reportes han tenido son: Mérida, Valladolid, Tizimín Progreso y Kanasín, entre otros, sin embargo Nevares Cervera señala que los reportes siguen siendo muy pocos, porque la población desconoce que es la PROFECO la institución que se encarga de la vigilancia del cumplimiento de la norma NOM179 que es la que regula las casas de empeño.

Cuando trabajadores de la PROFECO acuden a alguna de estas, realizan una verificación exhaustiva, desde que los papeles y permisos estén en regla, así como  el porcentaje de intereses que le cobran a sus usuarios.

“Verificamos el contrato, que la información que se está dando al consumidor que sea clara, que contenga los montos, las tasas de interés, que los recibos contengan las políticas con las que se está entregando ese empeño y las políticas o reglas de desempeño” indicó.

Posterior a la verificación se hace un dictamen y de haberse detectado una anomalía se procede a la suspensión temporal, en la que el dueño tiene 15 días para subsanar los señalamientos realizados y en caso de caer en una reincidencia se procede a multar de acuerdo a las irregularidades o en su caso incluso el cierre total del establecimiento.