Hay “silencio cómplice” en la auditoria del Estado afirma diputado panista
04 de septiembre de 2013
El diputado panista Mauricio Vila Dosal califica de “silencio cómplice” a la actitud de la Auditoria Superior del Estado de Yucatán (ASEY) al no exigir cuentas a ocho municipios que de enero pasado a la fecha no han declarado en qué gastaron el dinero público de sus pueblos.
El legislador precisó que hasta el momento no han entregado las cuentas del primer semestre de 2013 los ayuntamientos panista de Huhí, Tinum y Yaxkaba, y las alcaldías priistas de Tekax, Kanasín, Tixpéhual, Sanahcat y Quintana Roo.
El próximo período legislativo, los diputados panistas locales planean presentar una iniciativa de ley que obligue a los alcaldes a entregar sus cuentas públicas en un plazo determinado, disposición que actualmente no existe, motivo por el cual no se puede imponer sanciones, indicó Vila Dosal, integrante de la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal del Congreso del Estado.
De acuerdo con información de la Auditoria Superior del Estado de Yucatán, adeudan reportes de los libros contables de abril, mayo y junio los ayuntamientos de Cacalchén, Calotmul, Chichimilá, Teabo, Tixkokob, Tzucacab y Uayma. Deben mayo y junio, las alcaldías de Akil, Mayapán, Oxkutzcab, Sacalum, Sudzal y Yobaín.
No han entregado sus informes de junio las administraciones municipales de Acaceh, Baca, Chacsinkín, Chapab, Dzemul, Kinchil, Opichén, Peto, Timucuy y Umán.
El diputado panista exigió a las autoridades fiscalizadoras que pidan las cuentas pendientes de las alcaldías panistas, priistas y perredistas para saber qué esconden.
La Auditoria Superior del Estado de Yucatán recibe un presupuesto anual de 50 millones de pesos., recordó Mauricio Vila, quien ofrecerá su primer informe de actividades el próximo viernes a las 7.30 de la noche en el parque de Santa Lucía.
El diputado panista Mauricio Vila Dosal califica de “silencio cómplice” a la actitud de la Auditoria Superior del Estado de Yucatán (ASEY) al no exigir cuentas a ocho municipios que de enero pasado a la fecha no han declarado en qué gastaron el dinero público de sus pueblos.
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