Experiencia en Yucatán enseña que de la soberbia política a la cárcel hay menos de un paso

No es raro que un funcionario, desde el más refinado hasta el más winik, exprese con soberbia que tiene “el poder”, creyéndose un dios cuando pierde el piso al olvidar que es un simple mortal. Sin embargo, la vida ha demostrado que de un cómodo puesto público a la cárcel hay menos de un paso.

En Yucatán, algunos gobernantes han ido injustamente en prisión por rencores políticos y traición. En 1924, el gobernador Felipe Carrillo Puerto fue encerrado en la penitenciaría Juárez, ubicada en el parque de la paz.

De la época del gobernador Graciliano Alpuche Pinzón, un director de la Japay fue inhabilitado por supuesta malversación de fondos públicos.

En 1989, el presidente municipal de Mérida Carlos “Cheché” Ceballos Traconis fue acusado de malversación de fondos públicos. Durante su polémica administración, que no concluyó compró unas grúas de unos 5 millones de pesos, las cuales no sometió a licitación.

José Carlos “El Teclas” Guzmán Alcocer, ex director de Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán (Cousey), de la época de Patricio Patrón Laviada, pisó la cárcel luego de ser acusado de presunto peculado.

La ex directora de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mérida en la administración de César Bojórquez, Cecilia Flores Árgaez, permaneció varios años en el Cereso de Mérida acusada de supuesto fraude de 7 millones de pesos.

Lolbé Carrillo Jiménez afronta el embargo de su casa y un vehículo, como medida precautoria por supuestamente desviar un donativo de tres millones de pesos a la asociación “Niños y Crías” cuando era directora de la Japay. Algunos presumen que las detenciones y denuncias penales tienen que ver con propósitos políticos.