Desconocen curso de las demandas contra Crecicuentas

Todo parece indicar que la una mala asesoría jurídica es lo que está impidiendo que los ahorradores de Crecicuentas puedan recuperar su dinero ya que estas personas manifestaron que han interpuesto denuncias, pero no saben a quién o a que instancia, ni mucho menos si la denuncia es penal, mercantil o comercial.

Como se recordará, los afectados suman unos 217 de acuerdo a las demandas iniciadas en la fiscalía general del estado, sin descartar que haya más afectados que aun no interponen su demanda, estos recordaron que fueron atraídos por Crecicuentas con sus promociones, regalos, y amabilidad de sus empleadas y ejecutivos,

Entre los afectados se encuentran las “abuelitas de la plaza grande” que es un grupo conformado por al menos 20 mujeres, que están siendo asesoradas por Wilberth Luna, llama la atención que esta persona trabajó en la empresa Crecicuentas como contador y respaldó a los socios en la operación de captación de depósitos y ahorros, sin embargo las mujeres indicaron desconocer que esta persona había ocupado este puesto en la empresa que las defraudo.

De ahí que expertos en derecho plantean la necesidad de que los afectados cuenten con asesoría especializada en el caso, que trabaje y litigue en función de las demandas de los ahorradores.

Contrario a la creencia de que el Gobierno del Estado mantuvo en inacción las 217 denuncias levantadas ante la agencia del ministerio publico de la Fiscalía General, como se recordará esta dependencia del Ejecutivo estatal libró órdenes de aprehensión en contra de los socios Argáez López, así como de Carlos Javier Cámara Martínez, José Ordaz Gutiérrez e Ileana Guerrero Castillo.

Este procedimiento no tuvo éxito ya que los acusados acudieron a instancias judiciales para solicitar amparos y la protección de la justicia federal. Los jueces de distrito decidieron que los denunciantes no acreditaron los elementos del engaño para determinar el delito de fraude por lo  que concedieron los amparos correspondientes, de ahí que el Secretario de Gobierno en ese entonces, Víctor Caballero Durán, explicó a los denunciantes que los procesos judiciales iniciados eran erróneos, que no estuvieron debidamente fundamentados, por lo que requerían asesoría jurídica adecuada.