Comunicador, una profesión de muerte y hambre en los últimos 7 sexenios

22 de noviembre de 2012

Comunicador, una profesión de muerte y hambre en los últimos 7 sexenios

Desde el gobierno de José López Portillo hasta el final del mandato de Felipe Calderón han sido asesinados 176 trabajadores de los medios de comunicación en México, principalmente periodistas y fotógrafos, dos actividades mal pagadas que se han convertido en oficios de muerte en nuestro país, donde muchos puntos en todos lados aún están podridos y parece que nadie los quiere ver.
Una investigación del periódico “El Economista” señala que la mayoría de las brutales embestidas a comunicadores provienen principalmente de servidores públicos de los gobiernos federales, estatales y municipales, incluidos policías, militares y jueces. La situación demuestra que la mala levadura está en todos los mexicanos, no sólo en los militantes del narco u otras mafias.
Por sentido común los mexicanos saben que los comunicadores son agredidos física, psicológica y moralmente por ventilar en voz alta acciones de corrupción y delitos de personajes muy lastimados de una comunidad o muy respetados, estos últimos con brillantes máscaras intentan ocultar pesadas cargas acedas de las mochilas de las conciencia.
Las embestidas se traducen en homicidios premeditados, privación de la libertad, hostigamiento, amenazas, trompeadas, desapariciones forzadas, allanamientos de casas y oficinas, demandas penales, intimidaciones, calumnias y robos.
En el gobierno de José López Portillo, de 1976 a 1982 fueron asesinados 11 comunicadores. En la administración de Miguel de la Madrid murieron por homicidio 25 periodistas. En el mandato de Carlos Salinas de Gortari mataron a 17. En la presidencia de Vicente Fox se liquidó a 26 comunicadores. Y en la agonizante gestión de Felipe Calderón se asesinó a 73.
Entre los agredidos hay reporteros, periodistas, fotógrafos, diseñadores, ingenieros, camarógrafos, conductores, repartidores de periódicos y locutores. No hay avances en las averiguaciones judiciales de muchos casos y los archivos cerrados están llenos de dudas y sospechas.
Se sabe que hay trabajadores de los medios que reciben su “chayo” y mercadores de la información, lo bueno es que están en otros estados, en Yucatán no.

Una investigación del periódico “El Economista” señala que la mayoría de las brutales embestidas a comunicadores provienen principalmente de servidores públicos de los gobiernos federales, entre otros.

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