Teodolito urbano

Amigos, buen día:

Les voy a pedir me permitan, que en esta ocasión no aborde lo urbano técnicamente hablando, porque quisiera plantearles un tema de urbanidad y civismo que envuelve el quehacer profesional.

Hace ya varias semanas he participado en distintas reuniones a las que han asistido algunos profesionales de varias disciplinas. En éstas donde se ha dado a conocer la iniciativa de la “Ley General sobre el Ejercicio Profesional sujeto a Colegiación y Certificación Obligatoria”, que varios Legisladores presentaron en el Senado de la República. Esta Ley, es un refrito de una similar que se presentó en el año de 2010, misma que levantó muchas opiniones con argumentos en contra, pero que no prosperó por su inconstitucionalidad. Ahora, en un nuevo intento, se vuelve a presentar al Senado para su aprobación, sin constancia de una consulta pública, y con más errores que la anterior.

Por espacio y tiempo, no voy a abordar puntualmente los objetivos y el articulado de la ley, por lo que me referiré solamente a algunos puntos que considero relevantes.

Palabras más, palabras menos, esta iniciativa de ley supone que es para garantizar el buen trabajo de los profesionales hacia sus clientes. Para ello, será obligatorio el pertenecer a un Colegio que, previa evaluación y, debiendo también certificarse por dicho organismo, se le aceptará como tal. En caso de no cumplir con los requisitos del Colegio, al profesional no le será permitido ejercer su profesión y podría ser denunciado, quedando sujeto a una sanción de tipo penal en el ámbito federal. También enuncia que las profesiones de: abogacía, medicina, administración, todas las ingenierías y arquitectura son las sujetas a dicha ley.

El primer punto: ¿qué pasará con las profesiones no mencionadas? ¿La Ley, abre el camino a la discriminación profesional?

El segundo punto: Colegiación y certificación obligatoria. Esto es una violación a las garantías individuales. Todos, sin excepción, tienen el derecho de agruparse en asociaciones civiles, pero también el derecho a no hacerlo. Un Colegio certificado, será la única entidad autorizada para la evaluación profesional de sus miembros, así que el profesional no colegiado, de facto no es un profesional, y si ejerce como tal, comete un delito federal.

El tercer punto: Este asunto presenta varios escenarios. De entrada, los registros actuales de los Colegios y los títulos y cédulas profesionales pierden validez hasta que no estén certificados. Pregunto: y el principio de retroactividad, ¿en dónde quedó?; ¿quién va a certificar a los certificadores?; los títulos y cédulas profesionales obtenidos en las escuelas y facultades de enseñanza técnica y superior, ¿qué validez tendrán? En este escenario, los centros de enseñanza superior quedan automáticamente desacreditados, así que, ¿para qué estudio? Me colegio con mis cuates, me certifican y listo; o bien, si le caigo mal a un directivo y éste me expulsa del Colegio, como persona y profesional quedo marginado, excluido.

¿Qué pasa con los servidores públicos que son profesionales y que no están colegiados? ¿También son candidatos a la delincuencia?

A todas luces, esta iniciativa más bien parece una legalización para que los Colegios, que son asociaciones no lucrativas, se conviertan en un vulgar negocio carente de la ética que tanto arguyen, cobrando inscripciones, cuotas mensuales, más lo que se le ocurra, para vender las certificaciones. Todo se reduce a diversos pagos para poder ejercer. ¿Será un nuevo modelo sofisticado para la extorción?

La consecuencia inmediata, es una una compra-venta de competencias, disfrazada de una campaña para proteger a los clientes de los malos profesionales. En este punto, se les olvida a los legisladores, que los Colegios no substituyen a la autoridad judicial en la relación cliente-profesional; en caso de una controversia, ambos pueden recurrir a encontrar una solución judicial por la vía civil.

Las escuelas y facultades de enseñanza técnica y superior son la base para obtener los conocimientos humanísticos, científicos y técnicos;  la experiencia se alcanza con la praxis, y los colegios son el ente para buscar la superación personal, para socializar entre pares y para servir a la sociedad. El pertenecer a un Colegio no es un garantía de la responsabilidad profesional que se pretende imponer; el honor profesional y el prestigio que encierran: la responsabilidad, el compromiso, la honestidad, cuando menos, son valores que no te los da ni la escuela, ni las leyes, ni el colegio; como mi abuelo decía, los valores se maman en casa, en el seno de la familia y en la comunidad social que te rodea.

Amigos todos, esta iniciativa de Ley, no beneficia a nadie, ni a profesionales, ni a clientes, ni a los Colegios, a pesar del supuesto aumento y captación de recursos económicos. Esta iniciativa es una agresión jurídica a éstos y a todos los profesionales y que, para validar lo inconstitucional, los legisladores proponen la modificación de los artículos 5, 28 y 73 de nuestra Carta Magna, para allanar así el camino de la ilegalidad.

Señoras y señores legisladores, algunos de ustedes también son profesionales, reaccionen; solamente entre el 12 y 15% de todos los profesionales del país, porque así lo quieren, pertenecen a un Colegio. Con esta Ley, ¿creen que los restantes van a correr despavoridos a colegiarse?; por favor, no se presten a un vil negocito.