El 90% de los municipios tiene juicios laborales por despido injustificado
06 de febrero de 2014
El 90% de los ayuntamientos de Yucatán afronta al menos un juicio laboral interpuesto por ex empleados municipales que los demandaron por supuesto despido injustificado y algunos, como Kanasín y Oxkutzcab, registran unos 100 procesos al respecto, precisa el magistrado del Tribunal al Servicio del Estado y los Municipios, César Antuña Aguilar.
Actualmente esa corte atiende unos 2,500 juicios por presunto despido injustificado, de los cuales 1,930 pertenecen a antiguos empleados de ayuntamientos y el 570 a ex trabajadores de dependencias locales, como en Secretaría de Educación del Estado de Yucatán o el Issstey. En conjunto, los demandantes piden 110 millones de pesos.
El tribunal podría embargar las cuentas públicas de unos 20 ayuntamientos que tienen que indemnizar a ex empleados por un total de 10 millones de pesos. César Antuña Aguilar no ofreció los nombres de los municipios por cuestión de confidencialidad.
El funcionario manifiesta que los alcaldes tienen la costumbre de despedir sin indemnización a empleados municipales sindicalizados, de base y de confianza, incluido a los barrenderos y jardineros. El 85% de los demandantes en el Tribunal al Servicio del Estado y los Municipios son ex coordinadores de departamento.
Algunos municipios como Progreso, Valladolid, Mérida y Opichén acordaron pagar en mensualidades y durante varios años las indemnizaciones acumuladas de ex empleados.
Se sabe que en algunos casos los alcaldes y alcaldesas creen que un ayuntamiento es un negocio familiar en el cual pueden hacer o deshacer a su antojo. En muchos casos no tienen conciencia que los empleados tienen derechos laborales y si ya no quieren sus servicios los tienen que indemnizar.
El 90% de los ayuntamientos de Yucatán afronta al menos un juicio laboral interpuesto por ex empleados municipales que los demandaron por supuesto despido injustificado y algunos, como Kanasín y Oxkutzcab, registran unos 100 procesos al respecto, precisa el magistrado del Tribunal al Servicio del Estado y los Municipios, César Antuña Aguilar.