Consejera de Codhey contra matrimonios gay

En días pasados informamos que la Asociación Civil Red Pro Yucatán anunció su adhesión a la iniciativa nacional llamada Primera Reforma Constitucional Ciudadana en la Historia de México, promovida por el Consejo Mexicano de la Familia (ConFamilia), en la que pretenden que los legisladores realicen una modificación al artículo cuarto de la Constitución, en el tema del matrimonio, para poner expresamente que esta unión deberá ser entre un hombre y una mujer, para que la ley deje de estar abierta a la interpretación.

Al respecto, el licenciado Ariel Avilés Marín escribió en un medio local un artículo titulado “Nuevo intento de agresión a los derechos humanos”

 La semana pasada hemos leído con gran contrariedad el nuevo intento de un grupo retrógrada de la sociedad civil de imponer sus principios, fundamentados en una conservadora y atrasada formación sostenida en bases puramente religiosas, medievales y, por tanto, inaplicables a las normas jurídicas que rigen a la sociedad mexicana del S. XXI. El proyecto de marras, para el cual sus promotoras pretenden reunir miles de firmas de adhesión, es impulsado por el grupo Red Pro Yucatán, el mismo puñado de reaccionarios que manipularon a una pasada legislatura para que, vergonzosamente, Yucatán tenga una de la leyes sobre la familia más atrasada de la República mexicana; ley que, además, hoy es anticonstitucional según la jurisprudencia de la SCJN y que, por falta de atributos de una rara cualidad que se llama valor civil, esta soberanía del Estado de Yucatán ha evadido poner a revisión para su reforma, o, aún mejor, su derogación. Las cabezas visibles de esta lamentable campaña son dos conocidas señoras de nuestra sociedad: Ivette Laviada Arce y Marcia Lara de Moreno.

Por principio de cuentas he de decir que creo firmemente que las señoras Laviada y Lara son honestas, creen firmemente en los principios que enarbolan, su lucha es sincera y veraz, desde luego, desde su perspectiva, la cual, lamentablemente es totalmente equivocada. No se tienen la culpa de haber recibido en el seno de sus hogares una formación basada en las corrientes más atrasadas del S. XIII y, además, tienen todo el derecho de pensar como piensan; lo que no tienen, es el derecho de imponer sus erradas concepciones, y mucho menos hacerlas letra vigente y positiva, nada más y nada menos que en la más alta norma de nuestro país: La Constitución General de la República.

Están equivocadas, hay que decírselo; de hecho muchísimas personas, se los han estado diciendo todos los días en las redes sociales. El mayor peligro es que la mayoría de la gente se queda en la descalificación, en el comentario reprobatorio a esta campaña y punto; y ellas no, ellas son activas y han probado ya su eficacia con la ley que padecemos y que la legislatura no da cuenta de tener la menor intención de revisarla y mucho menos derogarla; así que no hay remedio, su acción hace daño, lastima y lesiona los derechos de grupos minoritarios, así que hay que combatirlas; y ¡hay que hacerlo ya!

En el caso hay una agravante; la Sra. Marcia Lara de Moreno es, nada más y nada menos, que Consejera de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. ¡Qué contrasentido! ¿Cómo ha de defender, cual debe ser su misión, los derechos humanos, si en los hechos los está atacando? ¡Esto es una incongruencia y se le debe exigir de manera inmediata su renuncia a este delicado cargo!

Pero además, hay unas desafortunadas declaraciones del Ombudsman yucateco, defendiendo lo indefendible, justificando las acciones de la señora diciendo que: “Como todo ciudadano, tiene derecho a emprender estas acciones y hacer estas declaraciones”; pero da la casualidad Lic. Goff, que la Sra. Lara de Moreno no es un ciudadano común y corriente, es una consejera, una defensora, oficialmente, de los derechos humanos en general, de los derechos de las minorías en especial; está violando flagrantemente la naturaleza del cargo que protestó “desempeñar leal y patrióticamente” ante la legislatura del Estado y, por tanto, está violando la responsabilidad que el nombramiento del Congreso del Estado le confirió y sólo le queda el camino de la renuncia inmediata al cargo que desempeña, tan desatinadamente. No Lic. Goff, un cargo público no es como una gorrita que uno puede usar a voluntad cuando y donde quiere; si se es consejero de un organismo autónomo constitucionalmente, como es el caso, se es las veinticuatro horas del día y también los sábados y domingos y días festivos. Así que, muy malas declaraciones de su parte.

En su rueda de prensa, las señoras reprocharon a la SCJN las últimas decisiones en la materia, le piden enmendar sus “errores” que: “Van contra la célula de la sociedad”. Señoras: ubíquense, estamos en el S. XXI, los conceptos cambian en los tiempos, las perspectivas varían, la sociedad se va perfeccionando día a día y se va dando cuenta de sus errores del pasado y hoy vivimos con mayor libertad, respeto y tolerancia. Los señores ministros de la Suprema Corte no pueden fundamentar sus decisiones, que son reglas de observancia general, en principios religiosos, que son válidos para un sector de la sociedad, así sea éste mayoritario; pero no son válidos para todos, les guste o no. Si una ley viola el derecho de un solo ciudadano, si este derecho es real y le asiste la razón, esta ley no debe ser aplicada como de observancia general; su aprobación no puede depender de la opinión de una mayoría, así es el principio que priva en el espíritu de nuestra Constitución.

Estos desafortunados movimientos que afectan los derechos de minorías vulnerables deben ser combatidos con toda energía por la sociedad en su conjunto, no deben ser mirados con indiferencia. Ellas están demostrando el movimiento andando, todos nosotros debemos hacer lo mismo. ¡Hay que hacer un frente de oposición a esta iniciativa, pero ya, y actuar cuanto antes! ¡Esta es una convocatoria, hay que unirse y combatir por el bien de la sociedad! ¡No seamos indiferentes, ACTUEMOS!