Aprobarían matrimonios igualitarios en Yucatán

La Suprema Corte de Justicia de la Nación votaría este miércoles 17 una antigua demanda interpuesta por varias asociaciones yucatecas y todo parece indicar que lo hará en el favor de los matrimonios entre personas del mismo sexo en el Estado.

La Suprema Corte recibió en 2012 una solicitud de amparo directo que interpusieron aquellas asociaciones civiles en contra de la resolución del Tribunal Colegiado el cual consideró no ilegal la negativa del Congreso del Estado a legislar sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo en el Estado.

Según fuentes generalmente bien informadas, el ponente de este caso es el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo quien ya dio a conocer su proyecto de resolución en favor de los demandantes y señala al Congreso del Estado que ha sido discriminatorio, lo cual cobraría vigencia si los otros cuatro magistrados votan en el mismo sentido.

Como ya señalamos, la discusión sobre los matrimonios igualitarios en el Estado llegó a la Suprema Corte en 2009. Los diputados locales habían aprobado reformas a la Constitución del Estado y al Código Civil y se abstuvieron de incluir la figura del matrimonio entre personas del mismo sexo.

En 2012 algunas organizaciones civiles propusieron al Congreso una iniciativa para legalizar el matrimonio igualitario, pero los diputados no la tomaron en cuenta, por lo que interpusieron un amparo ante el Tribunal Constitucional del Estado, por la omisión de  legislar sobre la materia, pero ese organismo falló en contra y lo mismo hizo la siguiente instancia, el Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del XIV Circuito.

Así pues, acudieron a la Suprema Corte que designó como ponente al Ministro Pardo Rebolleto quien ya anticipó que propondrá a sus compañeros revocar la sentencia del Tribunal Colegiado y recuerda que un caso similar se presentó en Oaxaca y ahí se estableció que regular el matrimonio entre personal del mismo sexo es discriminatoria.

De fallar la Suprema Corte en favor de los demandantes los diputados yucatecos se verían obligados a reparar o restaurar la regularidad constitucional, mediante la emisión de aquellas normas que resulten necesarias.