Comisión de Educación aprueba reformas para fortalecer la salud mental y prevenir la violencia en las escuelas

La Comisión Permanente de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el proyecto de dictamen que consolida cinco iniciativas de diversas fuerzas políticas para reformar la Ley de Educación del Estado de Yucatán.

La modificación legislativa busca fortalecer la prevención y atención de la violencia escolar, la salud mental, el acompañamiento psicológico, la corresponsabilidad familiar y la protección de los derechos de la comunidad educativa, sujeto a la disponibilidad presupuestaria correspondiente.

Entre los ejes principales de la reforma destacan el seguimiento al acoso escolar, el fomento de la masculinidad corresponsable y la igualdad sustantiva, además de promover una mayor involucración de madres, padres y tutores.

La presidenta de la comisión, Maribel del Rosario Chuc Ayala, señaló que los cambios otorgarán herramientas para capacitar al personal docente y garantizar asistencia psicológica y jurídica, tanto al alumnado como al magisterio, en caso de procedimientos derivados de incidentes en los planteles.

Asimismo, Chuc Ayala indicó que estas medidas complementan programas del Poder Ejecutivo como la capacitación docente en neurodivergencia y la estrategia Aliados por la Vida, enfocada en la detección de alertas y la canalización de riesgos psicoemocionales.

Los legisladores José Julián Bustillos Medina y Clara Paola Rosales Montiel resaltaron la importancia de institucionalizar el acompañamiento psicológico, los protocolos de atención psicosocial y las garantías laborales para los maestros.

Por su parte, la representación de la bancada del PAN, integrada por los diputados Ana Cristina Polanco Bautista, Rafael Gerardo Montalvo Mata, Zhazil Leonor Méndez Hernández, María Teresa Boehm Calero e Itzel Falla Uribe, coincidió en el valor de la articulación interinstitucional para consolidar entornos escolares seguros.

El dictamen aprobado contempla el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y esquemas de protección para el personal docente ante posibles amenazas a su integridad, pasando el documento a la Secretaría General para su distribución entre los integrantes de la LXIV Legislatura.