Agua, luz y movilidad deben ser garantizados con la nueva ley de asentamientos inmobiliarios
05 de diciembre de 2023
Internet
“A cinco minutos de la playa” es una de las ofertas que escuchamos con mayor frecuencia cuando está a la venta un nuevo desarrollo inmobiliario que aún se encuentra en maqueta o cuando ofrecen un lote de inversión. Ahora, con la nueva ley de Asentamientos Inmobiliarios que recientemente se aprobó en el Congreso de Yucatán, se busca que los desarrolladores garanticen los elementos básicos para los ciudadanos.
Los detalles fueron ofrecidos por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo local, Víctor Hugo Lozano Poveda.
“Que quien te ofrezca algo te cumpla, no perjudicar a autoridades municipales, no tampoco al ciudadano, que necesita certeza de inversión para contar con la ilusión de tener un espacio para brindarle a su familia, que haya orden, de un sistema de drenaje, de iluminación, también un punto importantísimo, que haya las suficientes vías para poder desplazarse”.
Lozano Poveda insistió en que el espíritu de la ley es poner orden al crecimiento inmobiliario en la entidad.
“Todavía no contaban con la certeza jurídica de la tenencia de la tierra y ya contaban con una maqueta, entonces aquí no se puede hacer eso, tiene que hacer de una menara muy clara, respetar a las familias u techo y que no tengamos problemas el día de mañana, de poner un parque, que sea un área atractiva de donde vivir”.
Además de definir las reglas del juego, la nueva ley de Asentamientos Inmobiliarios generó la creación de una nueva procuraduría ambiental.
“Se creó la procuraduría con toda su ley, que tiene micho que ver con el cumplimiento de las medidas que estamos platicando, que tiene que ver con todos los requerimientos de la nueva ley y es importantísimo en cuanto al medio ambiente. Ya tenemos un lineamiento a nivel federal, pero no una estatal que se encargue de vigilar que nuestro entorno este debidamente cuidado”.
Información de
Ronald Rojas
Esta iniciativa fue presentada por el gobernador Mauricio Vila Dosal y aprobada en el congreso de Yucatán.