Transparencia: un derecho de los ciudadanos y una obligación de las entidades públicas

Con el objetivo de analizar la nueva Ley General de Transparencia, se realizó en Mérida el Foro Regional por la Armonización Legislativa, la cual tiene como objetivo homologar dicha ley en todos los estados, para lo cual dichas entidades contarán con un año para realizar los ajustes necesarios.

En el caso de Yucatán, ahora cuenta con 48 obligaciones de transparencia, contra las 21 que eran antes de la reforma en la materia.

El Secretario de la Contraloría General del Estado, Miguel Antonio Fernández Vargas, en representación del Gobernador, Rolando Zapata Bello, señaló que “en la actualidad la rendición de cuentas implica información imperfecta y un tanto opaca, por ello requiere de instituciones que la hagan valer o de otro modo el ciudadano vivirá en incertidumbre y en constante descredito respecto de quienes lo representan”

“Sabemos que la percepción ciudadana acerca de la administración y el servicio público es precaria, se asocia a veces a los servidores públicos con corrupción e incompetencia, por lo que nuestro reto es mayúsculo” comentó.

La nueva ley de transparencia, en su búsqueda de garantizar el cumplimiento de sus mandatos, considera multas y sanciones para los infractores de hasta 1,500 salarios mínimos, es decir, casi 100 mil pesos.

En su turno, el Alcalde, Renán Barrera Concha indicó que la transparencia es un derecho de los ciudadanos y una responsabilidad de las entidades públicas.

“No cabe duda que la transparencia y la rendición de cuentas ha venido a revolucionar el ejercicio de gobierno de los últimos años, gracias a una creciente democratización de la vida pública y al empuje de una sociedad cada día más exigente, critica y consiente de su papel como mandante de los sujetos obligados” indicó.

Uno de los principales retos que tendrá el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos será la creación de una plataforma única, en la que las personas puedan acceder a la información de todas las entidades que manejen recursos públicos, además de realizar solicitudes y revisiones.