"Retroceso en Derechos"
16 de diciembre de 2017
El 10 de diciembre se cumplieron 69 años de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Y vimos como cada año magnos discursos, publicaciones en redes sociales de parte de gobiernos, actos simbólicos encabezados por diversas autoridades y hasta precandidatos pronunciarse a favor y dejar patente su (supuesta) preocupación por los Derechos Humanos.
Paso siguiente, la aprobación de dos leyes y una reforma terriblemente lesivas, que atentan contra los derechos civiles, sociales y contra la libertad de expresión. Me estoy refiriendo a la Ley de Seguridad Interior, la “Ley Outsourcing” y la Ley Mordaza.
La primera, la Ley de Seguridad Interior, entre otras cosas busca incrementar la injerencia del Ejército Mexicano en las labores de seguridad. Con redacción ambigua establece que el Ejército puede irrumpir en protestas o levantamientos que pongan en riesgo la seguridad nacional y es muy opaca en lo que se refiere a rendición de cuentas y protección de datos personales.
La segunda se refiere a una ley que regula lo que se conoce como outsourcing, o sea cuando una agencia contrata a empleados para luego subcontratarlos a otras. Con esta modificación se estableció que los patrones sólo tendrán la obligación de registrar a los trabajadores ante el IMSS e inscribirlos en la Secretaría de Hacienda.
La tercera se le ha nombrado en redes #LeyMordaza porque parece que ese es su objetivo, limitar la libertad del uso de las redes sociales y el internet pues vuelve ilícito algo tan subjetivo como la “desinformación” adicionado con la “deshonra, descrédito o perjuicio o exponer al desprecio de alguien”. Lo anterior por supuesto que es grave, sobre todo para los medios de comunicación que van relatando notas de un acontecimiento en curso o que refieren información que dice una tercera persona. Peor aún, no sabemos si eso que se aprobó implica ya no poder criticar, dibujar o burlarse de un político o personaje, cosa que está permitida en el marco jurídico mexicano. Bueno estaba permitido hasta hace unos días.
Estas tres nuevas leyes y/o reformas nos muestran una cosa de la que ya se tenía indicio: ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo entienden qué son los Derechos Humanos. Tanto el Gobierno Federal como los gobiernos estatales reducen la defensa de los Derechos Humanos al asistencialismo, a atender la discapacidad, a hacer actividades para adultos mayores, a celebrar festivales por el Día de la Niñez o por pararse en actividades simbólicas del Día de las Mujeres o el Día Mundial de la Respuesta al VIH. No está mal pero no sólo es eso.
Nunca piensan que los Derechos Humanos consiste en mejoramiento de servicios, inversión en política pública y, lo más importante, nunca reflexionan que una verdadera defensa y garantía de los Derechos Humanos cuesta, cuesta dinero, cuesta reflexión y requiere cuestionar proyectos de ley. Cuesta análisis para entender si la ley y/o reforma que se está realizando vulnera o no los derechos sociales y derechos civiles de la población.
Nunca piensan que los Derechos Humanos es estrategia, hay que estudiar qué implicación social a largo plazo de la legislación que aprueban. ¿Cómo es posible que diputados y senadores aprueben una ley que no reconozca los derechos laborales? ¿Es eso respetar los Derechos Humanos? ¿Cómo levantan la mano y acuerdan sancionar todo lo que manche la imagen y desprestigie a una persona, teniendo en cuenta la escandalosa y reprobable actuación de gobernadores y de otros funcionarios que se han enriquecido del erario? ¿Qué creerán en la Cámara de Diputados y de Senadores de las consecuencias que generará mandar al Ejército a disolver protestas sociales? ¿Qué escenarios posibles plantea lo anterior? Por cierto, dice una vieja frase que cuando un Estado quiere violar Derechos Humanos la manera más fácil es argumentando “seguridad” nacional. La historia nos ha demostrado que ese pretexto se ha utilizado para prohibir el libre tránsito, negar el derecho a asociación o irrumpir en la vida privada de las personas.
Resultado de las votaciones para las nuevas leyes.
Varios organismos internacionales, desde la ONU hasta la OEA así como la Federación Mexicana de Organismos Públicos Autónomos (FMOPDH), conformada por varias Comisiones de Derechos Humanos de las entidades, han exhortado a legisladores y legisladoras para que no aprueben la Ley de Seguridad Interior, exhorto que ignoraron pues ya fue aprobada, pero falta que la firme el Presidente.
Me queda claro que muchos de nuestros representantes en ambas cámaras no sólo no entienden lo que realmente implica la defensa de los derechos humanos, sino que no tienen visión a futuro sobre las consecuencias de lo anterior expuesto, por ende, no le interesa la ciudadanía que los puso allá.
Nota escrita por
Armando Rivas Lugo
¿Conoces las nuevas leyes que podrían afectar nuestra seguridad y la libertad de expresión?