Reflexionan sobre avances en materia de protección e impulso de la lengua maya

El Congreso del Estado fue sede del conversatorio “Derechos lingüísticos de los pueblos indígenas: memoria, vigencia y futuro, a 23 años de la Ley”, un encuentro destinado a evaluar el impacto de la Ley General de Derechos Lingüísticos y plantear estrategias para la preservación de la lengua maya.

El evento fue organizado por la diputada Neyda Aracelly Pat Dzul, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Legislativas y la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán (Sedeculta).

Durante la sesión, la legisladora enfatizó que, tras más de dos décadas de existencia del marco jurídico, es imperativo transitar del reconocimiento legal a la garantía plena de estos derechos en la vida cotidiana y en el ejercicio de la dignidad de los pueblos originarios.

Patricia Martín Briceño, titular de la Sedeculta, señaló que la lengua maya es un eje prioritario del proyecto estatal Renacimiento Maya.

La funcionaria sostuvo que el idioma no debe limitarse a una categoría de patrimonio cultural, sino consolidarse como una lengua viva con presencia efectiva en instituciones, escuelas y espacios públicos.

El panel de especialistas, moderado por Fidencio Briceño Chel, analizó los avances logrados, como el estatus de las lenguas indígenas como lenguas nacionales con la misma validez que el español.

No obstante, los participantes advirtieron sobre la disminución en el número de hablantes y la persistencia de brechas críticas en el sistema de servicios públicos.

Entre los retos identificados por representantes de la Codhey, el INPI y el colectivo U péekbal waye’, destacaron la insuficiencia de intérpretes capacitados en las áreas de justicia y salud, así como la falta de señalética, documentos oficiales y contenidos digitales en lengua maya.

Los ponentes coincidieron en que la formación de intérpretes y el fortalecimiento de la enseñanza escolar son asignaturas pendientes para evitar la exclusión de la población maya hablante.

Las conclusiones del conversatorio subrayaron la necesidad de implementar políticas públicas transversales que involucren a todas las dependencias gubernamentales y que sean diseñadas a partir de la escucha directa en las comunidades.

Los especialistas recalcaron que la protección lingüística trasciende lo cultural para convertirse en un tema de derechos humanos y justicia social.