Reeducar a adolescentes infractores objetivo principal de la autoridad

En notas anteriores platicamos sobre el Protocolo de Actuación en para Impartidores de Justicia en casos que involucren a Niñas, Niños y Adolescentes, informamos lo que busca y cómo se aplica en los menores que son parte de un proceso judicial además de la forma en que deben ser tratados.

Pero este protocolo también abarca a los adolescentes que están en conflicto con la ley, es decir aquellas mujeres y hombres de entre 12 y 18 años de edad que han cometido un delito y están en un proceso judicial.

Para hablar de ello nos acercamos al Magistrado de la Sala Unitaria de Justicia para Adolescentes, Santiago Altamirano Escalante, quién destaco que este Protocolo se suma a una serie de lineamientos que ya se manejaban en el Poder Judicial del Estado.

“Para el ámbito de justicia para adolescentes si obligatoriedad como tal no existe, es un documento más que para nosotros se viene a complementar en el ejercicio de nuestra función y que la garantía de esa aplicación se da a través de la propia ley” indicó.

Y es que desde el 2005 se aprobó una modificación a la constitución con la cual se ordenó la creación de un nuevo sistema de justicia para adolescentes y el cual establece que los jóvenes con las edades ya mencionadas deben ser parte de una rehabilitación además de tener asistencia social y no una sanción como se hacía.

“La finalidad es en primer lugar el que tengan ellos una experiencia legal, precisamente como personas en desarrollo, personas que se encuentran en formación y que pueden de una u otra manera, ya como adultos verse inmiscuidos en un delito” enfatizó.

Los lineamientos o especificaciones que establece el Protocolo y que deben seguir los jueces en este tipo de casos son:

Informar y preparar al adolescente sobre el proceso del que será parte, mismo que debe ser explicado de acuerdo a su edad; si el joven lo desea sus padres o tutores deben estar presentes durante todo el proceso; estar acompañado de personal autorizado; dar a conocer el tiempo que puede durar el proceso del que está siendo parte; procurar la conciliación entre las dos partes afectadas y finalmente pero muy importante el adolescente que posiblemente haya cometido un delito tiene el derecho a la educación, salud y el contacto familiar mientras dure el proceso.

Con esto se garantizan los derechos humanos de los adolescentes además de que se establecen realiza el proceso y se determina la pena del menor infractor de acuerdo con su  edad y no siendo tratado como un adulto ya que estos quieren ser reinsertados socialmente y lo que se busca en los adolescentes es la rehabilitación o educación en base a la experiencia de haber cometido un delito.

“En el caso del ámbito penal para el tema de los adolescentes se respeta el debido proceso, contempla las etapas de un juicio que se pudiera prever para un adolescente” finalizó.