La violencia política se da en todos los partidos

La senadora Rosa Adriana Díaz Lizama encabezó la inauguración del taller “Igualdad de Género” que organizó en coordinación con la Unidad de Género del Senado de la República este viernes 7 de julio en el Hotel Conquistador de Mérida.

Este taller que inició a las 9 de la mañana y concluyó a alrededor de las 3 de la tarde, contó con la Conferencia Magistral “La Violencia Política en Razón de Género” a cargo de la Senadora.

“Vamos a explicar básicamente los cambios que se han hecho en las leyes a favor de la paridad. En el 2018 Yucatán va a enfrentar por primera vez el tema de igualdad de género en los cargos públicos, no solamente a nivel federal sino también a nivel municipal en las alcaldías, esto representa que necesitamos en los partidos políticos a más mujeres en las candidaturas, de 106 tendríamos que tener 53 mujeres. Y el objetivo es dar a conocer también una nueva reforma que es la violencia política”

Asimismo, se expuso el “Principio básico de la Perspectiva de Género” impartido por Iván Miranda Posadas, subdirector de proyectos del área de la Unidad de Género del Senado, el cual, profundizó más en la construcción del género, la perspectiva, las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, enfoques de igualdad, además de un tiempo de ejercicios y de preguntas y respuestas.

Por su parte, Pamela Higuera Hidalgo, titular de la Unidad de Género presentó el tema “Lenguaje Incluyente; una herramienta para avanzar hacia la Igualdad Sustantiva”, enfocándose en qué es el lenguaje no sexista y cómo se forma, los usos gramaticales, la eliminación del sexismo y violencia contra las mujeres en las imágenes y el lenguaje gestual.

La senadora señaló que en esta reunión se contó con representantes de asociaciones civiles, colegios de abogados y contadores, además de cámaras empresariales y posibles candidatos de algunos municipios del Estado.

En el tema de violencia política, Díaz Lizama comentó que un ejemplo podría ser que en el ejercicio de su función pública tenga limitaciones y desigualdades en cuanto a sueldos, materiales, el lugar del trabajo, entre otras cosas.

La pena para los funcionarios públicos que ejerzan este tipo de violencia va desde la inhabilitación de su cargo político o público y de aspirar a uno de 5 a 10 años hasta multas equivalentes a 10 mil unidades de medida y actualización (UMA) o salarios mínimos.

En este proceso de denuncia interviene el Instituto Nacional Electoral (INE), Tribunal Federal Electoral y la Procuraduría General de la República.

“Esto no es un tema de un sólo partido, se comete en todos, hoy tiene la mujer la opción de decidir primero ser candidata, segundo para el cargo decida y tercero, para el distrito o espacio que ella decida. En caso de que su partido se lo impida, ella tendrá ahora la opción y esperemos que la Cámara de Diputados ya la apruebe pronto, tendrá la opción de interponer una queja o denuncia por violencia política”