Insiste el alcalde: el ayuntamiento no podrá acatar una disposición judicial
16 de abril de 2015
El alcalde Renán Barrera Concha informó en rueda de prensa que comunicará al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativo del Poder Judicial del Estado que el Ayuntamiento no podrá acatar una disposición suya porque el Cabildo no lo autorizó.
La noche anterior, en sesión extraordinaria, el presidente municipal le informó a sus regidores de la disposición del citado Tribunal que obliga al Ayuntamiento a pagar unos $27 millones de pesos a 13 particulares por conceptos de devolución de impuesto predial, base contraprestación y el impuesto sobre adquisición de bienes.
Como es un gasto no presupuestado, les dijo, su cumplimiento obligaría a suspender obras y servicios a la comunidad y para evitar esto sugirió cumplir esa obligación por abonos, con pagos mensuales de $250 mil pesos, desde mayo y hasta el último día de agosto, es decir, un millón de pesos, y el saldo, los $26 millones restantes, se quedarían pendientes para ejercicios fiscales subsecuentes.
La propuesta se debatió y se puso a votación: 11 regidores del PRD y PAN la aceptaron, y 5 del PRI la rechazaron. Como no hubo la mayoría requerida no fue aprobada.
Durante la rueda de prensa Barrera Concha indicó que su administración responderá al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativo del Poder Judicial del Estado que no pueden realizar dicho pago pues no fue aprobado su plan de pagos.
“Propusimos un plan de pagos que no fue aprobado por los regidores del PRI; por lo tanto tenemos que contestarle al Tribunal que dada la negativa de los regidores no podemos hacer pago alguno” señaló.
Al preguntarle si con esta acción su administración no cae en un desacato a la autoridad, el munícipe aseguró que no, pues es el cabildo quién debe aprobar esta partida cosa que no sucedió durante su sesión extraordinaria.
“No porque tiene que aprobarse por cabildo, al no aprobarse por cabildo no existe posibilidad de poder cubrirse” enfatizó
Finalmente enfatizó que esta resolución por parte del Tribunal es resultado de una serie de juicios iniciados en 1999, a raíz de una omisión del gobierno encabezado en ese entonces por Víctor Cervera Pacheco.
Según se recuerda, en aquel año uno de los titulares de las dependencias correspondientes no firmó el decreto de la Ley de Hacienda del Ayuntamiento, por lo cual y desde entonces se ha obligado al ayuntamiento a cubrir estas deudas.
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La división de los regidores meridanos afecta el cumplimiento de una disposición que pondría fin a un litigio de hace ya 16 años.