Guía del Poder Judicial para casos con menores de edad

En 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos a niñas, niños y adolescentes”, que es una guía que contiene reglas y recomendaciones para que jueces respeten los derechos de estas personas durante el proceso judicial en que estén involucrados, ya sea como víctimas o hayan infringido la ley.

La abogada Fanny Iuit Arjona, consejera de la judicatura local, expresa que entre las normas de este protocolo está garantizar al menor de edad el acceso a la impartición de justicia, otorgarles el derecho de ser escuchados y a declarar con toda libertad sin ningún formulario.

Actualmente el testimonio de los menores de edad es considerado como válido por las autoridades judiciales después de un análisis de las declaraciones, indica la abogada.

"Se les dice que pueden hablar libremente porque no hay formalidades para los niños. Hacerles de su conocimiento en el proceso que están involucrados y el juez puede recabar o obtener la información de una mejor decisión" indicó.

Los niños pueden estar involucrados en procesos judiciales por ser víctimas, infringir la ley o estar en medio de un caso, como cuando sus padres están en proceso de divorcio.

El protocolo también busca que los niños no sean revictimizados durante el proceso judicial, es decir, que las preguntas no le hagan recordar los sucesos en el momento en que fue agredido, por ejemplo.

La consejera Fanny Iuit Arjona señala que esta guía ordena a los jueces y tribunales que los menores de edad tengan asistencia psicológica si lo requieren. El Poder Judicial del Estado de Yucatán cuenta desde el año pasado con una Unidad de Psicología en la cual participan psicólogos y educadoras.

"Profesionales como psicólogos que le expliquen al niño como va a responde, y que se sienta libre y apoyado para informar al juez de la situación que el tiene y como lo ve el con su menor edad" comentó.

En Yucatán, los menores de edad que están en un proceso judicial el 60% son víctimas y el 40% son personas que infringen la ley.