Fuerte rivalidad entre los Atlas de Guadalajara y los Gallos Blancos del Querétaro.
26 de febrero de 2013
El artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere: “Toda persona tiene derecho para entrar en la república, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes.”.
Para ponerlo al tanto del asunto, y del por qué de esta referencia de la Carta Magna le cometamos lo siguiente; hay una fuerte rivalidad entre los equipos de fútbol Atlas de Guadalajara y gallos blancos del Querétaro, ya que estos equipos son candidatos, al nada honroso, descenso de la liga. Hay antecedentes que las porras de estos dos equipos se han enfrentando con insultos y han llegado hasta los golpes. La noticia ha pasado del plano deportivo al escenario legal.
Esta referencia de la constitución viene a colación por una declaración que hizo Adolfo ríos, directivo del equipo de Gallos blancos del Querétaro, que sin empacho mencionó “se busca que los camiones que llegarán de Jalisco y distintas partes de la República con aficionados rojinegros no puedan ingresar al estado si no traen boletos…” La declaración de este directivo pudiera ser una “volada” ante los antecedes de violencia que se han suscitado. Hasta ahí todo pudiera quedar en lo anecdótico.
Sin embargo este declaración toma otra connotación cuando una autoridad como lo es la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro lanza una consigna de que “aquél aficionado del Atlas que no traiga boleto, se le negará el ingreso a la ciudad”. Esta envalentonada afirmación policíaca viola de manera fehaciente el artículo 11 de nuestra constitución.
Se puede entender que no se les deje pasar al estadio, o en un perímetro establecido a las instalaciones deportivas, pero de ahí a negar el libre tránsito a las personas de un estado a otro empieza a sonar desastroso.
Sin duda las autoridades correspondientes deben garantizar seguridad a los aficionados, nada se gana que los funcionarios públicos hagan declaraciones al vuelo sin fundamento legal. Esto habla o del poco conocimiento de las leyes, o que se dejan llevar más por la víscera que por la razón.
Editorial del 26 de febrero 2013