Fallo en contra del Ayuntamiento de Mérida

El Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán concluyó este jueves que la rescisión anticipada del contrato de arrendamiento de luminarias con ABC Leasing fue un acto ilegal pero no obliga al Ayuntamiento de Mérida a reinstalar las lámparas.

Las razones del Tribunal son las siguientes: Falta de competencia porque varios de los funcionarios que cancelaron no tenían competencia expresa para ello; Violación de derechos constitucionales al no concederse a la empresa audiencia previa, y un peritaje deficiente pues se demostró que el dictamen del perito del Ayuntamiento se realizó con una metodología obsoleta y no vigente al momento de su realización.

En muestra de la transparencia de este Tribunal –señala el boletín oficial-, y por considerarse de alta trascendencia, una vez que se cumpla el término para combatirla, se pondrá a disposición de la ciudadanía la  versión pública de la resolución del caso entre ABC Leasing y el Ayuntamiento de Mérida, no obstante que las partes ya cuentan con un ejemplar de la misma.

De conformidad con lo dispuesto por el Juez Quinto de Distrito en el Estado, nuestra Sentencia ha sido emitida en tiempo y forma, estudiándose para ello alrededor de 90 mil fojas que conforman más de 30 cajas de archivo.

Cabe mencionar, que este caso ha sido revisado en sus diversas etapas por otros órganos jurisdiccionales de naturaleza federal, lo que brinda aún más certeza.

Nuestra Sentencia no obliga al Ayuntamiento de Mérida a volver a instalar las lámparas de ABC Leasing; el asunto trata del indebido acuerdo de terminación anticipada del contrato, que generó el consecuente adeudo de rentas vencidas y no pagadas, que a la fecha ascienden a 203 millones de pesos.

La cantidad de recursos de la sentencia es relevante, ya que el Ayuntamiento opera altas sumas de dinero, siendo su presupuesto del ejercicio 2015 de más de 2 mil millones de pesos, incluso tuvo un remanente o sobrantes no utilizados por subejercicio del presupuesto del año 2014 de alrededor de 280 millones de pesos; la normatividad permite a cualquier autoridad realizar previsiones presupuestales en el capítulo relacionado al cumplimiento de sentencias y resoluciones, como la que hoy nos ocupa.

El objetivo de este Tribunal es que las autoridades cumplan con la Ley, si el acto de una autoridad es ilegal, nuestra obligación es anularlo.

Confiamos –señala el documento- en que las autoridades electas de Mérida denoten un mayor conocimiento de la Ley y de los caminos institucionales procedentes, que les permita un actuar por la vía jurisdiccional; apostamos que hagan uso de herramientas legales, que son civilizadas, racionales y correctas, no bajo el escudo del escándalo. La figura pública de las próximas autoridades del municipio de Mérida hasta hoy, han estado lejos del arrebato y la soberbia.

Los Magistrados del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán, seremos siempre respetuosos de la opinión pública. Salvaguardaremos hasta la última instancia la independencia judicial. Nos mantendremos en una posición de respeto y tolerancia, pero hacemos un respetuoso llamado a la ciudadanía a que reciban las noticias, comentarios y opiniones con una postura de cautela y reflexión abierta a la crítica, que les permita detectar y diferenciar la información que es objetiva y veraz, de aquella diseñada para presionar a las instituciones a la consecución de fines específicos.