El poder judicial ya necesita la opinión y fuerza del pueblo: Rogerio Castro

En su exposición, el actual funcionario nacional aseguró que implementar este cambio significará democratizar de una vez por todas el Poder Judicial, aspecto que se hace necesario en la vida pública de México por los constantes cuestionamientos sobre la corrupción que existe al interior.

Castro Vázquez, asevero que se le ha dado a este grupo demasiados privilegios y por eso ya es tiempo de cambiar. “Es un poder hoy en México de élite, alejado del pueblo totalmente, y el planteamiento principal es cómo le hacemos para que la gente participe también en las decisiones”.

En esta oportunidad, el fundador del Movimiento en Yucatán recordó que parte de las ventajas históricas que ha tenido el Poder Judicial es contar con una serie de fondos que se crearon a raíz de que les sobraba presupuesto, por lo que surgieron los fideicomisos en beneficio de este grupo.

“Así se crean los fideicomisos, en donde el dinero lo van guardando para que genere intereses. Entonces, imagínate, con el dinero del pueblo hasta tenían un fondo de inversión que tenían que estar revisando cada determinado tiempo por el Consejo de la Judicatura”, expresó Castro Vázquez.

Otro de los privilegios, destacó, es tener un sueldo exorbitante que deriva en pensiones millonarias que rebasan por mucho lo que una persona común y corriente podría percibir, a pesar de tener que laborar durante tres décadas, como marca la ley.

Asimismo, expresó que el Poder Judicial es el único que no se somete al escrutinio del pueblo, ni de nadie, pues el proceso por el cual se eligen actualmente es mediante que el presidente envíe una terna y dos terceras partes de los senadores deciden, así que sus integrantes terminan siendo cuota de algún partido político, y eso es anti democrático.

Por último, señaló que, en este tema, no se trata de argumentar que dicho proceso derivaría en campañas costosas, no, sino que el núcleo del asunto es devolver poder total al pueblo, para que tengan la confianza de que las decisiones que se tomen en los tres Poderes se apeguen a la voluntad de la sociedad mexicana, y no en privilegios para la élite.