Desmantelan Autoridades federales una de las redes más importantes de contrabando de hidrocarburos

El Gobierno de México, a través de un operativo coordinado entre la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Gabinete de Seguridad, desarticuló una de las redes de contrabando de combustible más importantes del país.

La organización, que operaba principalmente en los estados de Hidalgo y México, era liderada por Mauricio Gamboa Reyes, alias El Burras, señalado como responsable de la extracción, venta y distribución ilegal de Gas LP.

Las investigaciones ministeriales revelaron un esquema que utilizaba más de 40 empresas fachada y documentación apócrifa para simular operaciones comerciales legales.

Esta red, denominada Los Petrofactureros, empleaba logística multimodal para fragmentar la trazabilidad del hidrocarburo robado y facilitar el lavado de dinero mediante triangulaciones financieras.

Según las autoridades, la célula criminal tenía una capacidad de extracción estimada de hasta un millón y medio de litros de combustible por semana.

Durante las acciones operativas, se cumplimentaron órdenes de cateo en 20 inmuebles, donde fueron detenidas siete personas clave, entre ellas el líder de la organización y dos empresarios del ramo gasero encargados de la comercialización ilícita y la facturación de los recursos.

En el lugar se aseguraron más de 150 mil litros de Gas LP, 61 pipas, 55 autotanques, 20 tanques de almacenamiento y armamento, además de la clausura de una toma clandestina en ductos de Pemex.

En operaciones simultáneas realizadas en Chihuahua, Ciudad de México y el Estado de México, también se logró la detención de siete personas vinculadas a la logística de distribución de gasolina y diésel, entre ellos Héctor Iván Pineda Torres.

En un balance general de las acciones judiciales recientes, la autoridad informó sobre el aseguramiento de vehículos de alta gama, joyería y efectivo, estimando una afectación económica superior a los 126 millones de pesos para la estructura criminal.

Estas acciones debilitan la infraestructura operativa y financiera de grupos dedicados al robo de hidrocarburos que impactan la seguridad energética nacional.