Demanda el senador Ávila Ruiz investigar a funcionarios por el caso Dragon Mart

El Senador Daniel Ávila Ruiz demandó investigar a los funcionarios quienes según él, su negligencia permitió a la empresa Dragon Mart obtener licencia para construir un centro comercial cerca de Cancún, que de acuerdo con el legislador es un proyecto que amenaza con causar grave daño a la economía de la península de Yucatán y del resto del país.
Además, señaló que corresponde a las autoridades del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, impugnar la resolución dictada por la sala constitucional y administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que aprobó el desarrollo del proyecto.
El legislador yucateco reiteró la necesidad de que el gobierno de Quintana Roo transparente el convenio firmado con la empresa, en el que se compromete a otorgar al proyecto un paquete de apoyos, entre los cuales se incluye la disminución en el pago de los derechos ante el registro público de la propiedad, un descuento sobre los derechos de conexión de agua potable y alcantarillado y una prórroga en el pago del impuesto sobre nóminas durante el periodo de consolidación.
Ávila Ruiz solicitó de nuevo tanto al Gobierno de Quintana Roo como a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal evaluar rigurosamente las implicaciones que representa el proyecto citado no sólo en materia de empleo, sino en el desarrollo de importantes sectores industriales y del turismo.
En materia de sustentabilidad, el Senador por Yucatán destacó que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), ya demostró que tanto el centro comercial como el área habitacional adjunta que se pretenden construir implican una amenaza real al medio ambiente.
Los promotores del proyecto “Dragon Mart-Cancún” presumen que se crearán cinco mil empleos directos, pero el senador Ávila Ruiz precisó esos puestos de trabajo no serán para mexicanos, sino para chinos.
Recordó que el proyecto Dragon Mart ha sido muy controvertido desde que se anunció que un grupo de empresarios chinos invertirían 200 millones de dólares.
El Senador Ávila Ruiz comentó asimismo que representantes de las delegaciones del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Sur-Sureste, solicitaron ya al gobierno de Quintana Roo revertir las autorizaciones que se hayan expedido, pues argumentaron que éste proyecto desplazará a las empresas mexicanas y aumentará el desempleo.