Congreso no puede resolver asuntos laborales de Ayuntamientos

El Congreso del Estado de Yucatán se manifestó imposibilitado material y jurídicamente para acatar una orden del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Poder Judicial, para resolver que el Ayuntamiento de Motul pague un laudo laboral a la denunciante Rosa Uicab Max.

En sesión ordinaria, la LXII Legislatura aprobó por unanimidad el acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política sobre esta respuesta al oficio TTSEM/MP/SRÍA-15/2019 del 8 de enero del año en curso, derivado del expediente 297/2007, presentado por el Magistrado Presidente de dicho Tribunal, César Antuña Aguilar.

El documento solicita al Congreso local realizar las gestiones necesarias para la aprobación e inclusión de la cantidad de la condena decretada en contra del Ayuntamiento de Motul en el juicio laboral al rubro indicado, a cuenta del presupuesto del citado municipio en el ejercicio fiscal vigente e instrumente los mecanismos de transferencia a efecto a que se pague a la quejosa el saldo a su favor.

No obstante, el Poder Legislativo se declaró imposibilitado material y jurídicamente de dar estricto cumplimiento a lo ordenado, tal como lo establece la Constitución Política de Yucatán, en materia a las facultades del Congreso del Estado, porque de hacerlo, equivaldría a violentar el principio de legalidad, al permitir actos infundados y tratar asuntos relacionados al principio de voluntad hacendaria de los municipios.

El acuerdo de la LXII Legislatura también establece que esta soberanía no cuenta con la facultad para cumplir con lo ordenado, en atención y estricta observancia al principio constitucional de libertad y autonomía en la administración de hacienda municipal consagrado en la Constitución Política Mexicana y la local.

Menciona que el presupuesto público de los ayuntamientos corresponde a tres fases: la obtención, el manejo y la erogación de los recursos, además incluye una previsión de ingresos, a través de participaciones federales y/o estatales, derivados de convenios de coordinación fiscal y otros ingresos propios, también incluye una previsión de egresos ya sea etiquetados o no etiquetados.

Estos documentos sólo corresponden a los ayuntamientos y estos podrán a disposición del Congreso local la Ley de Ingresos para la aprobación de dicho proyecto, pero no el de Egresos; por lo que corresponde a los municipios incluir en sus presupuestos de egresos las partidas necesarias para solventar las obligaciones adquiridas en ejercicios fiscales anteriores.

Sobre el tema, Alejandro Cuevas Mena (PRD) señaló que la modalidad que tomó en esta ocasión dicho Tribunal es novedosa porque no se tiene un precedente de solicitar a los poderes Ejecutivo y Legislativo una solución a estos temas, porque no son sujetos demandables.

Agregó, que presentará una iniciativa para que se cree un Fondo Extraordinario de Apoyo a los Municipios, para que los ahorros derivados del Plan de Austeridad del Gobierno del Estado para el pago de las liquidaciones a los trabajadores, entre otros asuntos.

En otros asuntos, el mismo diputado presentó un Punto de Acuerdo, aprobado por unanimidad, para exhortar a los regidores, así como a los funcionarios públicos municipales, designados para los cabildos de los Ayuntamientos de los municipios a desempeñar su cargo con apego a las disposiciones que establecen la incompatibilidad en el desempeño de su función con otro cargo o empleo en el Estado, la Federación o los municipios, exceptuando a quienes ejercen la docencia o la investigación, siempre y cuando no afecten el desempeño de su función.

Rosa Díaz Lizama (PAN), se pronunció a favor de la propuesta e incluso invitó en un futuro a trabajar de manera colegiada a reformar la Ley de Gobierno de los Municipios para restringir a los regidores a ocupar otros cargos, ya que la norma sí contempla a los síndicos, que tienen la obligación de auditar a los municipios, que es una responsabilidad de tiempo completo.

Además, sugirió que este acuerdo no es limitativo, ya que incluso hace un llamado a cualquier servidor público, incluyendo a los legisladores, a que se acate la ley.

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Felipe Cervera Hernández (PRI) también se manifestó a favor del exhorto y a la propuesta de legislar, pero no sólo para sancionar a quienes no cumplan la ley, sino también con una visión en materia electoral, para revisar y garantizar que quienes quieran participar en estos procesos tengan pleno conocimiento de cuáles son los alcances del compromiso con la ciudadanía.

En su turno, Silvia López Escoffié (MC) recordó que la Ley de Gobierno del Poder Legislativo faculta a la comisión de Desarrollo Municipal para que solicite comparecer a los presidentes municipales y aclaren todos los casos en su jurisdicción, al igual que sugirió dar cursos y capacitación, porque incluso, algunos regidores no saben cuáles son sus funciones.

Por otro lado, la misma diputada anunció que, con la venia de la presidenta de la comisión Desarrollo Agropecuario, pronto se realizará una reunión con los titulares de la Secretaría Agrícola y de Desarrollo Rural y la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, así como representantes de la ganadería yucateca, para conocer los cambios, en su caso, de los programas y acciones en esta materia.

Consuelo Zavala

En la plenaria de este jueves, la LXII Legislatura también avaló por unanimidad la convocatoria para el Reconocimiento Consuelo Zavala Castillo, que será entregado, por primera ocasión, a una mujer destacada, el próximo 8 de marzo del presente año, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La convocatoria invita a los poderes del estado, a las organizaciones sociales y culturales, de enseñanza básica, media y superior, medios de comunicación, asociaciones civiles y demás instituciones dedicados a la promoción, defensa, ejercicio, protección e investigación de los derechos de la mujer y de la igualdad de género, para que presenten candidatas que consideren sean merecedoras de dicho reconocimiento.

Las cuales se hayan destacado en el campo de la ciencia, cultura, política, economía o lucha social a favor de la igualdad de género y la promoción, fomento y defensa de los derechos humanos de las mujeres.
En otros temas, también se turnó a la comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, las iniciativas de Ley de Hacienda, para reformar, adicionar y modificar la Ley de Ingresos, ambas del municipio de Celestún, así como una tercera para reformar la Ley de Ingresos de Conkal, todas para el ejercicio fiscal 2019.

Además, al mismo cuerpo colegiado, también se enviaron dos oficios de los Ayuntamientos de Chemax y Kantunil, ambos solicitando la desaparición de su Sistema Municipal de Agua Potable; por otra parte, a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública se turnó el decreto para reformar y derogar diversos artículos del Código Penal del Estado, signada por Manuel Díaz Suárez (PAN).

Así mismo, a la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura, se enviaron dos iniciativas: la primera para crear la Ley de Seguridad Vial del Estado, presentada por Movimiento Ciudadano, y la segunda para adicionar el artículo 34 bis a la Ley de Tránsito y Vialidad, suscrita por Miguel Rodríguez Baqueiro (PAN).

Para finalizar, se convocó para la siguiente sesión ordinaria el próximo miércoles 30 de enero del presente año a las 11 de la mañana