Buscan modificar el Código de Administración Pública

El secretario general del Congreso del Estado, Martín Chuc Pereira, recibió de manos del titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Mauricio Tappan Silveira, la Iniciativa de reformas al Código de la Administración Pública del Estado (CAPY).

El encargado de la dependencia del poder ejecutivo le entregó a Chuc Pereira el documento en el cual se presenta el proyecto para modificar el Código de la Administración Pública, en materia de reestructuración de distintas secretarias e institutos.

El Código de la Administración Pública de Yucatán tiene como objetivo establecer las bases para la organización, funcionamiento y coordinación de las dependencias y entidades que integran la Administración Pública del Estado de Yucatán.

EN OTRO TEMA... La fracción parlamentaria del PRI presentó una iniciativa para crear la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública estatal, mediante la cual se generaría un sistema de inclusión para los Jefes de Departamento, Coordinadores, analistas y auxiliares del servicio público, misma que fue vista con buenos ojos por diferentes fuerzas políticas.

En tribuna, Luis Borjas Romero (PRI), quien presentó la iniciativa dijo que ésta “proporcionará una estructura institucional, moderna y eficiente, imperativos necesarios para lograr el equilibrio social y regional de Yucatán, para contribuir al incremento de la productividad de la economía y para avanzar en las tareas del desarrollo”.

Por su parte, Rosa Díaz Lizama (PAN) indicó que a nivel nacional ya se había propuesto dicha iniciativa, con impacto a los entes públicos, estatales y municipales, la cual no fructificó por lo que manifestó apoyaría iniciativa para intentar que en el estado pueda hacerse realidad.

Sobre los despidos a los trabajadores, aclaró que cualquier persona que se sienta violentada tiene derecho a acudir a las instancias correspondientes a interponer su querella.

En el mismo tema, Alejandro Cuevas Mena (PRD) indicó que las leyes no están a la medida de uno u otro gobierno, por lo que se trata de tener reglas claras, de brindar certeza al trabajador, porque las demandas laborales incluso perjudican las finanzas públicas, por lo que también se sumó a la iniciativa de Ley.

Milagros Romero Bastarrachea (MC), señaló que se debe verificar caso por caso, con respecto a los empleados de gobierno, porque puede haber injusticias, “por eso es necesario ser objetivos y trabajar en leyes que corrijan estas situaciones”.

Para finalizar, Janice Escobedo Salazar (PRI) reiteró que entre los trabajadores que se han despedido, existen personas de 18 a 25 años de servicio, a quienes no les explican la razón de su retiro o si van a recibir liquidación, por lo que invitó a los diputados a trabajar en la propuesta presentada.