Aumenta el robo de medidores de cobre

06 de mayo de 2017

Aumenta el robo de medidores de cobre

De acuerdo con información de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), 2 mil 513 medidores fueron robados en el 2016, y en lo que va de este  año ya se han registrado 521, un 20% más en comparación con el mismo periodo  del año anterior.

El titular de la Japay, Manuel Carrillo Esquivel dijo que cada medidor robado cuesta aproximadamente $381 pesos, es decir que tan solo en el 2016 esta práctica negativa le costó a la dependencia casi un millón de pesos.

“En el 2016 tuvimos 2 513 medidores robados, en lo que va de este año hemos tenido 521, cada medidor tiene un costo de $381 aproximadamente”.

El 60% de los usuarios suele hacer su denuncia ante el Ministerio Publico, requisito indispensable para que la Japay pueda  reemplazar el medidor,

“Si hay la denuncia ante el Ministerio Publico, nosotros en prácticamente 30 días le reemplazamos el medidor, si no hacen la denuncia el cobro va directamente al usuario, que es la parte legal que nos ampara para sustituir de manera gratuita el medidor”.

En Mérida existen más de 300 mil usuarios de la Japay, de los cuales 100 mil aún tienen medidores de cobre, sin embargo la dependencia ha comenzado a cambiar los medidores por unos de plástico, al mes suele reemplazar 3 mil.

“Una medida que estamos, es que estamos sustituyendo los medidores de cobre por los nuevos, una empresa recolecta los medidores e instala los nuevos”

Los nuevos medidores  son más económicos y no son de cobre, su lectura es más rápida debido a los sensores que trae para calcular el consumo del vital líquido de cada familia.

De acuerdo con  información proporcionada por la Japay, el robo suele hacerse de manera express, con una cegueta y por las noches, en colonias principalmente del Sur, Oriente y Poniente de Mérida, así como en las colonias más antiguas de la ciudad donde aún es común ver a los medidores de cobre.

 

Por ultimo cabe señalar que los medidores robados son llevados a las recicladoras de metales, y a pesar de ser un acto ilegal, aceptan el material para después fundirlo.

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Tan sólo en 2016, esta actividad incrementó un 20% en Mérida y le costó a la Japay cerca de un millón de pesos

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