Aprueba Congreso reforma constitucional en materia electoral, austeridad y cero privilegios de personas servidoras públicas

En sesión del Primer Periodo Extraordinario correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el Congreso del Estado de Yucatán aprobó un paquete de reformas a la Constitución Política local y a diversas leyes secundarias en materia de conformación de cabildos, disciplina presupuestaria, justicia penal y cumplimiento de sentencias judiciales, tras lo cual se declaró clausurado el periodo extraordinario de sesiones.

Entre las modificaciones constitucionales aprobadas, la LXIV Legislatura fijó un límite máximo de hasta 15 regidurías por ayuntamiento, además de una presidencia municipal y una sindicatura, con la finalidad de racionalizar la integración de los órganos de gobierno municipal.

Asimismo, el dictamen armoniza la legislación secundaria para ajustar la composición de los cabildos a partir del proceso electoral 2026-2027 conforme a rangos poblacionales: tres regidurías para municipios de hasta cinco mil habitantes, seis para los de hasta 10 mil, nueve para los de más de 10 mil y hasta 250 mil habitantes, y 15 para el municipio de Mérida.

En materia de austeridad y gasto público, la reforma establece que el presupuesto anual del Congreso del Estado no podrá superar el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, además de incorporar la prohibición de que cualquier servidor público perciba remuneraciones superiores a las de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, prohibiendo también la contratación de seguros o prestaciones extraordinarias con recursos públicos.

Durante el debate de este dictamen, la diputada Larissa Acosta Escalante se manifestó a favor, mientras que el diputado Gaspar Armando Quintal Parra fijó su postura en contra.

De igual forma, el Pleno aprobó por unanimidad la reforma constitucional sobre leyes fiscales municipales, impulsada a favor por el diputado Germán Quintal Medina.

La medida establece que los ayuntamientos deberán entregar sus iniciativas de leyes de hacienda o sus modificaciones a más tardar el 15 de octubre, y las leyes de ingresos antes del 15 de noviembre, con el propósito de optimizar los plazos de análisis técnico y presupuestal.

En el rubro penal, los legisladores avalaron por unanimidad reformas al Código Penal relativas al delito de acecho y a ilícitos cometidos mediante software o inteligencia artificial.

La normativa contempla penas de seis meses a tres años de prisión y multas de mil a dos mil Unidades de Medida y Actualización a quienes usen estas herramientas con fines ilícitos, sanciones que se duplicarán en casos de coacción, hostigamiento, extorsión, falsificación de pruebas, fraude o violación a la intimidad sexual mediante la creación o difusión de contenido manipualdo.

Los diputados Daniel González Quintal y Gaspar Armando Quintal Parra se pronunciaron a favor de esta adecuación legal.

Por otra parte, el Pleno dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo en Revisión 274/2024, modificando el artículo 1 de la Constitución local para adecuar el reconocimiento del derecho a la vida al parámetro de regularidad constitucional federal y los tratados internacionales, eliminando la porción normativa declarada inconstitucional.

Durante la jornada parlamentaria se nombró a la contadora pública María Isabel Barroso Pino como titular de la Unidad de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán y al contador público Irving Mayén Flores como titular de la Contraloría Interna del Congreso, quienes rindieron protesta ante el Pleno.

La presidenta de la Diputación Permanente, diputada Naomi Raquel Peniche López, declaró formalmente clausurados los trabajos del periodo extraordinario.