"¿Y ese poder... por el que no votamos?"

La organización política de México está basada en tres poderes independientes que conforman los tres órdenes de Gobierno: el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Es importante no confundir con los tres niveles de Gobierno que son: el Federal, el Estatal y el Municipal.

En las pasadas elecciones del 1 de julio, los yucatecos elegimos los candidatos que conformarán el Poder Ejecutivo y Legislativo tanto en el ámbito federal y estatal así como a las autoridades en ámbito municipal… pero ¿y el Poder Judicial?

El Poder Judicial se conforma por jueces y magistrados. A los jueces los nombra el Consejo de la Judicatura, por concurso, es decir, se abre la convocatoria, se inscriben los interesados y el más apto es elegido. Los magistrados son designados por el Congreso de una terna que presenta el Ejecutivo.

El pasado jueves, el magistrado presidente Dr. Marcos Celis Quintal, presentó el informe anual de actividades. Entre datos y agradecimientos, resalta la referencia a la transparencia, por la cual el Poder Judicial del Estado de Yucatán fue distinguido por tener a disposición del público información mayor a la que exige la ley. Así mismo, la actividad jurisdiccional posicionó al Poder Judicial como referente nacional en el ámbito de Justicia, siendo el mejor calificado en el país.

Finalmente, el dato duro, los yucatecos aspiramos a la mejor de las justicias posibles. Para ello se requiere garantizar la autonomía e independencia del poder judicial, y para ello se requieren recursos; es decir, la próxima legislatura debe asignar los recursos suficientes para abrir nuevos juzgados que permitan abatir las importantes cargas de trabajo.

Según refiere el Dr. Marcos Celis: “De acuerdo al índice de impunidad global, para una justicia propia y expedita se requiere 16 jueces por cada 100 mil habitantes. En Yucatán hay 2.9”. En pocas palabras, hace falta voluntad política, que asigne el presupuesto adecuado.

Mucho se ha avanzado en la implementación del nuevo sistema de justicia oral, pero si nos quedamos cortos, si la impartición de justicia no garantiza el estado de derecho, la seguridad en el estado que prometieron los candidatos durante el periodo de elecciones, está en riesgo de perderse.