Tras el fallo de la Suprema Corte, también se prevé la nulidad absoluta del resto del Plan B de la reforma electoral

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó sin efecto los cambios en la Ley General de Comunicación Social que fueron aprobados el pasado 27 de diciembre y que formaba parte de la primera parte del plan B de la Reforma Electoral impulsada desde el Palacio Nacional. Esos cambios proponían que los gobiernos estatales, municipales o cualquier poder, sólo podían destinar el uno por ciento de su presupuesto en gastos de publicidad o información, sin embargo, el especialista en temas electorales, Gabriel Baltazar Centeno Canto, recordó que esta decisión del máximo juzgado se suma a lo que había declarado anteriormente, en la suspensión temporal del resto de la reforma electoral o plan B.

“Dicha suspensión el día de ayer cobró relevancia en tanto que ya se resolvió el fondo y fue totalmente invalidada la primera parte del plan B, es decir, el primer decreto que contenía las leyes de Comunicación Social y de responsabilidades administrativas. La segunda parte aún subsiste, la suspensión y esta aún no ha sido discutida en el fondo.”

En este sentido, el especialista consideró que el resto de la reforma podría tener el mismo destino que decidió la Suprema Corte el pasado lunes, es decir, la nulidad de lo que decidió la mayoría de la cámara de Diputados

“Sin embargo se advierte una alta posibilidad que, a razón a las violaciones del procedimiento legislativo, reconocidos el día de ayer por la corte, seguramente dicho final le espera a la segunda parte del plan B que es la que contiene las modificaciones a la ley general de instituciones y procedimientos electorales, de partidos políticos, medios de impugnación, entre otras.”

La nulidad de la primera parte del Plan B, con relación a la Ley General de Comunicación Social, fue aprobada por nueve de once ministros.

“A pesar que fue una reforma ampliamente discutida, lo cierto es que no se hizo de la manera adecuada, es decir la Corte dice puntualmente que no se observaron los principios de legalidad, representatividad, democracia participativa, así como los derechos de las minorías parlamentarias, esa fue la línea interpretativa por lo que la primera parte del plan B fue declarada invalida.

Centeno Canto consideró que aún el Gobierno Federal o el bloque parlamentario de Morena puede presentar una nueva iniciativa, pero señaló que el proceso electoral del 2024 comienza en el próximo mes de septiembre, razón por la cual, todo cambio en la ley deberá ser aprobada con tres meses de anticipación al inicio del referido proceso.