Renuncia Ulises Carrillo a la dirección del ISSTEY

Ulises Carrillo Cabrera presentó esta mañana su renuncia como director del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey).

Por tal motivo, a propuesta del titular del Poder Ejecutivo Rolando Zapata Bello, el secretario general de gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, nombró como encargada a la ingeniera Milagros Castro Alcocer, en el marco de la tercera sesión ordinaria del Consejo Directivo del Instituto.

La nueva encargada fue subdirectora del Isstey y en 2015 fue nombrada por el Gobernador titular del Organismo Auxiliar de Prestaciones al Consumo del mismo Instituto.

Como se recordará, durante la administración de Ivonne Ortega Pacheco, Ulises Carrillo fue jefe de Despacho del Ejecutivo  y también  secretario de Planeación y Presupuesto. Al concluir aquel período de gobierno el Ejecutivo ya adeudaba al Isstey más de 2,000 millones de pesos por concepto de cuotas de los trabajadores del Estado y por los descuentos que les hacía a los mismos burócratas por créditos contraídos con el Instituto.

En enero de 2013, el gobernador Rolando Zapata Bello designó a Ulises Carrillo como director del Isstey con la encomienda, según se manejó círculos oficiales, de corregir todos los problemas económicos en aquella dependencia.

Entre otras medidas asumidas para cobrar el mayúsculo adeudo del Ejecutivo, el director del Isstey obtuvo del Gobierno del Estado un  terreno de más de 3,000 hectáreas en el municipio de Ucú y que sería manejado por un fideicomiso creado ex profeso, del que poco o nada se sabe hasta el momento.

Mientras se realizaba ese cambio de funcionarios, la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado aprobó un dictamen favorable a la Ley del Isstey que, de ser ratificado por el pleno, obligará a las entidades públicas a aportar el 8% de de las pensiones de los jubilados.

Con esas reformas, dijo la presidenta del Congreso Celia Rivas, se fomenta una institución de seguridad social con finanzas sanas, favoreciendo a los derechohabientes e incluyendo a más personas. Lo cual quedará garantizado al establecer que, ahora con sólo un año de labor en el servicio público, los trabajadores podrán acceder a un crédito hipotecario para contar con casa propia. 

 “Se busca que el Instituto otorgue atención médica a través de las instituciones de salud pública, previo convenio, se le da facultad para construir casas habitación y enajenarlas a los derechohabientes, además de que todas las entidades públicas obligadas a pagar sus aportaciones lo harán bajo el principio de igualdad”, agregó en su carácter de vocal de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.