Registra Yucatán participación histórica en el Primer Simulacro Nacional 2026

El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy), informó que Yucatán alcanzó una participación histórica de 120 mil personas, en dos mil 585 inmuebles, durante el Primer Simulacro Nacional 2026.

Hernán Hernández Rodríguez, director general de Procivy, señaló que esta cifra representa un incremento significativo respecto a años anteriores, cuando el registro oscilaba entre mil y mil 200 inmuebles. El funcionario atribuyó este resultado al fortalecimiento de la cultura de prevención en la entidad.

El ejercicio inició a las 11:00, tras la activación de la alerta en dispositivos móviles. De la totalidad de los inmuebles registrados, mil 906 correspondieron al sector privado, mientras que el resto perteneció a dependencias de los tres órdenes de gobierno.

En las actividades participaron brigadas internas capacitadas para la respuesta inmediata ante situaciones de emergencia.

De manera paralela, se llevó a cabo el Primer Simulacro Estatal de Gabinete 2026 en las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) de la Secretaría de Seguridad Pública.

En ese espacio se analizó un escenario hipotético sobre la trayectoria de un huracán hacia el territorio yucateco, con el objetivo de ensayar la coordinación interinstitucional y actualizar los protocolos de actuación.

Durante la sesión, las instituciones involucradas expusieron sus inventarios de recursos materiales y humanos, así como las estrategias de atención para la población vulnerable.

El ejercicio contó con la presencia de autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

Asimismo, organismos federales como la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, presentaron sus planes de contingencia para garantizar la operatividad de los servicios y la infraestructura estatal ante el impacto de un fenómeno hidrometeorológico.