Refuerzan capacitación para dar mayor certeza al sector inmobiliario

El Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy) llevó a cabo la Cuarta Jornada de Cursos en Intermediación Inmobiliaria, un encuentro que reunió a más de 300 profesionales del sector con el objetivo de fomentar prácticas profesionales, éticas y con certeza jurídica en la entidad.

La actividad, que estuvo coordinada por la directora general del Insejupy, Dalia Isela Piña Alberto, se desarrolló durante los días 20, 21 y 22 de mayo, acumulando un total de 10 horas de capacitación especializada.

Las sesiones de carácter presencial tuvieron como sede el Auditorio Eduardo Urzaiz Rodríguez de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), en tanto que el cierre del programa se efectuó de manera virtual, a través de la plataforma Zoom, para extender la cobertura de la convocatoria.

El cuerpo de ponentes estuvo integrado por servidores públicos y especialistas de los ámbitos jurídico, registral, catastral y financiero. Entre ellos, el titular de la Notaría número 63, Mario Enrique Guzmán Vega, quien expuso los temas relativos a los derechos, obligaciones y principios éticos que rigen la intermediación inmobiliaria.

Por su parte, la titular de la Notaría número 54, Claudia Ivonne Ceballos Pantoja, dictó una conferencia enfocada en los procesos de comercialización, esquemas de crédito y opciones de financiamiento vigentes para este mercado.

Asimismo, la agenda técnica incluyó la intervención del director del Catastro del Estado, Herbert Martín Ayuso Cambranis, quien abordó aspectos de desarrollo urbano, el uso de plataformas registrales y catastrales, así como la incorporación de nuevas tecnologías en el ramo.

A su vez, el jefe del Departamento de Avalúos del Insejupy, Jaime Alberto Farfán Ruiz, examinó los fundamentos de la valuación inmobiliaria y el marco normativo que regula la prestación de estos servicios.

A través de esta estrategia de profesionalización, el organismo estatal busca dotar a los asesores de herramientas técnicas que garanticen la transparencia en las transacciones comerciales, alineadas con la legislación actual, para resguardar los derechos patrimoniales y la seguridad jurídica de los usuarios de servicios inmobiliarios en el Estado.