Piden atención gratuita a embarazos de riesgo

Los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Migue Ángel Sulub Caamal presentaron este día en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo a fin de exhortar a todos los hospitales públicos que atiendan de manera gratuita a las mujeres embarazadas que requieran atención médica de urgencia.

La propuesta beneficiará a estados como Yucatán y Campeche, de donde son originarios los diputados promoventes, ya que obligará a toda la red hospitalaria del IMSS, Issste y Secretaría de Salud a brindar servicios de manera expedita e inmediata en estos casos, sin importar si las mujeres son derechohabientes de esas instituciones.

El punto de acuerdo va más allá, pues pide incluir a los hospitales de Pemex, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina en la atención médica de urgencias obtétricas, a fin de salvaguardar la vida de la madre y el recién nacido.

En el caso de Yucatán, esta medida implicaría que el Hospital Regional Militar, ubicado a un costado de la ex Penitenciaría Juárez, también atienda a mujeres con algún síntoma de riesgo en el embarazo.

Las emergencias obstétricas derivan principalmente de hemorragias durante el embarazo, el parto o después del parto, los trastornos hipertensivos que pueden llevar a la eclampsia, las infecciones y el aborto, entre otros factores.

Otro aspecto del punto de acuerdo suscrito por  Sulub Caamal y Ramirez Marín, es que se exhorte a las secretarías de Salud de los 31 estados y el Distrito Federal a que difundan los beneficios que derivan del Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica, con la finalidad de que las usuarias conozcan su derecho a ser atendidas en esos casos.

La difusión incluiría al propio personal del sector salud a fin de que permita el ingreso inmediato de las pacientes en situación de riesgo, sin exigirles requisitos de su derechohabiencia.

Este punto de acuerdo, permitirá dar mayor certidumbre a los más de 36 mil nacimientos que se registran al año en Yucatán, según cifras del Consejo Estatal de Población (Conapo).

A fines de septiembre, Ramírez Marín  firmó también una iniciativa del PRI que busca fortalecer un marco jurídico que proteja y garantice los derechos de las personas con discapacidad, definiendo de manera clara cuáles son las responsabilidades del gobierno en esta materia.