Fortalecen sanciones contra violencia sexual, ciberacoso y violación a la intimidad

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), el Congreso del Estado de Yucatán aprobó por unanimidad reformas al Código Penal del Estado para reforzar las sanciones contra la violencia sexual en el ámbito íntimo y tipificar nuevos delitos.

Adicionalmente, se aprobaron reformas para endurecer las penas contra el abigeato.

El dictamen, que incluyó propuestas de las bancadas de Morena, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y una diputada sin partido, establece penas contra delitos como la violación conyugal y sentimental, el ciberacoso y ciberacoso sexual, además de tipificar el acecho como delito en la legislación local.

La diputada Claudia Estefanía Baeza Martínez, señaló que el matrimonio, concubinato o una relación sentimental no son una licencia para ejercer violencia.

Indicó que ninguna mujer pierde sus derechos por tener pareja. La legisladora precisó que el delito de violación conyugal y sentimental se perseguirá por querella, y de oficio cuando existan amenazas o riesgo para la víctima. Se equiparará a violación cuando la víctima sea menor de 15 años o no pueda resistirse por una condición física o mental.

Por su parte, la diputada sin partido, Rosana de Jesús Couoh Chan, agregó que la reforma armoniza el Código Penal con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado y con la normativa federal, contribuyendo a superar obstáculos territoriales, culturales y de acceso a servicios que favorecen la impunidad en comunidades indígenas y rurales.

En materia de ciberacoso sexual infantil, la reforma determina que será imputable a quien, con fines lascivos y utilizando la coacción, intimidación, inducción, seducción o engaño, entable comunicación a través de cualquier tecnología con una persona menor de 18 años o sin capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento.

Al tipificar el acecho como conducta penal, se establece que este delito se perseguirá por querella con penas de prisión y multa a quien vigile, monitoree, persiga, busque la cercanía física, o intente establecer contacto con la víctima a través de cualquier medio de comunicación o por terceras personas, o utilice su información personal de manera invasiva.

Otro dictamen aprobado por unanimidad en la sesión fue el que sanciona con penas más firmes el abigeato en la entidad. El líder de la bancada morenista, diputado Wilmer Monforte Marfil, explicó que la reforma propone endurecer las penas y generar tipos penales acordes a las nuevas realidades, incorporando el robo de colmenas y el robo de equipos o partes de equipos destinados a la actividad agrícola, agropecuaria o forestal.

El diputado Monforte Marfil señaló que el robo de ganado es un delito que afecta directamente a la economía, la seguridad y el bienestar de las comunidades rurales en la entidad. En el caso del robo de colmenas, se consideran penas para quien comercie, adquiera o transporte abejas, panales, miel o material apícola robado, o a quienes destruyan colmenas, miel, abejas y panales, o borren o alteren marcas de colmenas, entre otras acciones. La diputada del PAN, Manuela Cocom Bolio, coincidió con la urgencia de esta reforma.

El Pleno también aprobó de manera unánime el dictamen que modifica la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, buscando una transición jurídica ordenada.

Adicionalmente, fue aprobada por unanimidad la convocatoria dirigida a instituciones de educación superior y centros de investigación para proponer perfiles que ocuparán un cargo honorario vacante en la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

En Asuntos Generales, el diputado José Julián Bustillos Medina presentó una iniciativa para reformar la Ley de la Agencia de Transporte de Yucatán, con el fin de garantizar condiciones dignas para animales utilizados en calesas turísticas, proponiendo certificación de salud, supervisión operativa y sanciones para casos de incumplimiento.