Caso Dunas de Chuburná: Gobierno de Yucatán detalla el expediente y confirma revisión de Semarnat y Profepa

El Gobierno de Yucatán presentó el expediente completo del proyecto “Las Dunas”, ubicado en Chuburná, municipio de Progreso, y fijó como postura que la conservación de la duna, el manglar y el humedal costero prevalecerá sobre cualquier interés particular.

Durante la conferencia de prensa encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena, la secretaria de Desarrollo Sustentable, Neyra Silva Rosado, detalló que los dictámenes estatales exigen la conservación total de 58 mil 740 metros cuadrados del predio.

Esta área protegida abarca 55 mil 305 metros cuadrados de humedal costero y tres mil 435 metros cuadrados de Zona Federal Marítimo Terrestre, superficies que deben permanecer libres de construcción, sumadas a la vegetación de manglar regulada por la norma NOM-022-SEMARNAT-2003.

La titular de la dependencia explicó que la Factibilidad Urbana Ambiental (FUA) funciona como un análisis técnico de compatibilidad territorial y ambiental que evalúa la capacidad de carga del suelo, pero puntualizó que dicho documento no equivale a una licencia de construcción ni faculta el inicio de obras.

Aclaró que la evaluación y autorización en materia de impacto ambiental recae estrictamente en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a través de la Manifestación de Impacto Ambiental.

De acuerdo con la cronología expuesta por la autoridad estatal, el dictamen FUA 186/2023 fue emitido en abril de 2023 por la administración estatal previa. En febrero de 2024, el Ayuntamiento de Progreso otorgó la licencia de uso de suelo, y en noviembre de ese mismo año el Instituto para el Desarrollo Urbano y Territorial ratificó la factibilidad de la carpeta ya integrada, manteniendo las condicionantes ambientales originales.

En el ámbito federal, la Semarnat negó una primera Manifestación de Impacto Ambiental en diciembre de 2023 y posteriormente emitió una autorización condicionada en abril de 2025.

Frente a las inquietudes manifestadas por la población, la administración estatal solicitó el pasado 25 de julio a la Semarnat y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) verificar el acatamiento de los resolutivos e hizo entrega del expediente técnico disponible.

Como resultado de estas gestiones, la Profepa determinó el 2 de agosto la clausura temporal total de los trabajos al detectar probables daños a ejemplares protegidos por la NOM-059-SEMARNAT e inobservancia de los requerimientos ambientales, al tiempo que la Semarnat inició una revisión integral del permiso otorgado.

El gobernador Joaquín Díaz Mena sostuvo que la actuación pública se apegará al marco legal y técnico para asegurar la preservación del patrimonio natural de la costa y confirmó la apertura de la documentación técnica para consulta pública.

Por su parte, el Ejecutivo estatal mantendrá la supervisión de los ordenamientos de su competencia y la coordinación con las instancias federales y municipales correspondientes.