Avanza planeación de desarrollo ordenado de Mérida con voz ciudadana y visión al 2050

El Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda aprobó el proyecto del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Mérida, un instrumento de planeación con visión al año 2050, que busca regular el crecimiento acelerado de la capital yucateca bajo criterios de justicia social y sostenibilidad.

La propuesta técnica, enriquecida tras un proceso de consulta pública, realizado entre noviembre y diciembre de 2025, contempla la redelimitación de las Zonas Urbanas de Intervención y la expansión del límite urbano para las próximas décadas.

Entre los ajustes estratégicos destacan la redefinición de vialidades estructurales, la actualización de zonas patrimoniales y el reconocimiento de áreas urbanizables por derechos adquiridos.

En el nivel normativo, el programa propone adecuaciones a los coeficientes de ocupación y utilización del suelo (COS y CUS), así como la redefinición de compatibilidades de uso de suelo.

Estas medidas tienen como objetivo frenar la urbanización desarticulada, reducir riesgos ambientales y otorgar certeza jurídica a los desarrollos.

Un eje prioritario de este ordenamiento es la protección de los pueblos originarios y comisarías, buscando preservar su identidad cultural y social ante la presión del crecimiento inmobiliario.

La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada informó que el proyecto también integra una visión metropolitana, fortalecida en enero de 2026 con asistencia técnica internacional para consolidar un sistema de nodos que articule a Mérida con los municipios vecinos.

El plan incluye una cartera de proyectos de infraestructura para mejorar la red vial, ampliar la red ciclista y fortalecer la movilidad peatonal.

Tras recibir el aval del consejo consultivo, el documento será turnado al Cabildo de Mérida para su análisis y posible aprobación.

Posteriormente, el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (IMDUT) realizará la revisión final y las observaciones correspondientes antes de su entrada en vigor, lo que derivará en ajustes a diversos reglamentos municipales para asegurar su sustento jurídico.