Aún queda camino muy largo para definir la controversia por Punto PUT

A pesar de la coincidencia partidista del origen de los titulares de las administraciones estatales que integran la Península de Yucatán, la resolución del conflicto territorial relacionado con el Punto de Unión Territorial, conocido como Punto PUT, no se ha agilizado.

Gaspar Alemañy Ortiz, consejero jurídico del Gobierno del Estado, informó que el caso se mantiene bajo análisis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El funcionario explicó que recientemente se registró un cambio de ponente en el máximo tribunal del país, por lo que el expediente pasó a la responsabilidad de la ministra Margarita Ríos Farjat.

Alemañy Ortiz señaló que hasta el momento no existe un proyecto de resolución, aunque el Gobierno de Yucatán mantiene un seguimiento puntual del estatus del procedimiento y busca un acercamiento con las autoridades judiciales.

A pesar de que Yucatán, Quintana Roo y Campeche son gobernados por la misma fuerza política, el consejero jurídico precisó que cada entidad mantiene la defensa de sus intereses particulares.

Recordó que Yucatán fue el Estado que promovió la controversia constitucional con el objetivo de que la definición territorial se realice conforme al artículo 46 de la Constitución Federal, el cual establece la validación por parte del Senado de la República. Además de la vía jurídica, se buscarán canales de diálogo político entre los mandatarios estatales.

En otro tema, Alemañy Ortiz se refirió a la situación de la Procuraduría Ambiental tras la designación de Carlos Eduardo González Flota como su titular, por parte del Congreso local.

Indicó que, aunque el nombramiento ya fue formalizado, la estructura administrativa del Gobierno estatal aún no cuenta con las condiciones operativas para el inicio de funciones del organismo.

Ante esta situación, el Ejecutivo enviará en los próximos días una propuesta al Poder Legislativo para establecer un plazo determinado para el arranque formal de la dependencia.

Este periodo permitirá la creación de la estructura orgánica, la reglamentación interna, la asignación de un centro de costos y el diseño de la estructura financiera necesaria para su funcionamiento.