Aprueban ampliación del plazo para el Ejecutivo Estatal

En sesión ordinaria, las siete fuerzas políticas aprobaron por unanimidad la solicitud del Gobernador del Estado para la ampliación de plazo, hasta por 30 días naturales, para la presentación de la cuenta pública, que tiene como límite el 30 de abril, así como el avance de gestión financiera y de desempeño, ambas del primer trimestre de 2020.

Sobre el tema, Alejandro Cuevas Mena (PRD) indicó que se debe hacer un llamado al Ejecutivo estatal para hacer extensiva esta ampliación para los poderes Legislativo y Judicial, órganos autónomos y descentralizados, al igual que a los 106 municipios del estado, porque el Gobierno del Estado es el único facultado para solicitarlo como lo establece el artículo 30 de la Constitución Política de Yucatán.

Además, la LXII Legislatura aprobó por unanimidad, el punto de Acuerdo presentado por Enrique Castillo Ruz (PRI), para que el Congreso del Estado prorrogue los plazos de presentación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019, a las entidades fiscalizadas contempladas en la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública y la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado, del 30 de abril de 2020, a más tardar el día 31 de mayo próximo, como parte de las medidas preventivas de la emergencia sanitaria del covid-19.

Por mayoría, con 17 votos a favor y 4 en contra, el punto de Acuerdo presentado por Marcos Rodríguez Ruz (PRI), para que el Congreso del Estado, en plena observancia a la división de poderes, solicita respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que a la brevedad posible, se sirva enviar a esta Soberanía el listado definitivo que contenga los nombres de las personas beneficiarias que cumplieron con los requisitos establecidos en el Programa Seguro de Desempleo, en medio digital.

También, en el que sea posible separar e identificar por municipio a las y los ciudadanos que cumplieron con los requisitos del citado programa y que recibirán un recurso económico durante la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19.

Al igual, que se sirva instalar el Comité de seguimiento al ejercicio, aplicación, desarrollo del proyecto y destino de los recursos autorizados en la ampliación presupuestal adicional a las asignaciones originalmente autorizadas en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2020, recientemente aprobado por esta Legislatura.

Al manifestarse en contra, Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN), indicó que es lamentable que se esté cuestionando la repartición de despensas casa por casa porque es la primera vez que se tiene un padrón para ello, además de que esta Soberanía aprobó las reglas y llegará el momento de auditar estas acciones.

En su turno, Silvia López Escoffié (Movimiento Ciudadano) señaló que es un punto relevante e importante para los ciudadanos, porque fue este Congreso el que permitió y puso las condiciones para que se brinde este apoyo, “es fundamental para que se pongan todas las normas, para que contribuyamos con nuestro trabajo para depurar un padrón para que se beneficien a los más necesitados”.

En el mismo sentido, Fátima Perera Salazar (Morena), agregó que son los mismos ciudadanos los que exigen que este Seguro de Desempleo se le otorgue a la gente que lo necesita, por lo que pidió al Gobierno estatal que tenga una buena coordinación con todos los alcaldes, “estamos haciendo nuestra labor de apoyar a la gente que hoy no tiene nada de comer ni tiene empleo”.

En temas similares, Luis Borjas Romero (PRI) hizo un llamado a los funcionarios estatales y municipales para que sin distinción alguna se entreguen estos apoyos, además de que se conforme el Consejo para el seguimiento de estas acciones y se den a conocer las reglas de operación.

Víctor Sánchez Roca (PAN), dijo que el Ejecutivo estatal tiene 30 días para formar este Consejo, por lo que no ha vencido la fecha para conformar este cuerpo colegiado; así mismo, informó que el 17 de abril recibió las reglas de operación y por cuestiones de la contingencia sanitaria, no ha sido entregada a las y los legisladores, por lo que pedirá a la Secretaría General apoyo para que se distribuya.

Por otro lado, fue admitido por mayoría para segunda lectura, el proyecto de acuerdo del diputado, Luis Aguilar Castillo (Nueva Alianza), para que el Congreso del Estado exhorte respetuosamente a la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal y al Congreso de la Unión, para que lleve a cabo las reformas, adiciones y asigne el Presupuesto necesario para que todo el personal médico, de enfermería y de intendencia, que sea contratado de manera temporal, específicamente para enfrentar esta pandemia y al personal de residentes médicos que hoy realizan su especialidad y afrontan con su trabajo la enfermedad Covid-19 y concluyan su residencia médica,  se les garantice  una base laboral de manera definitiva y se otorgue de  forma  gradual en el Sistema de Salud, respetando los escalafones establecidos en las diferentes instituciones.

En otro punto, se aprobó por mayoría, con 15 votos a favor y 7 en contra, el punto de Acuerdo presentado por el coordinador de la fracción del PRI, Felipe Cervera Hernández (PRI), a nombre de las y los legisladores de su bancada, para solicitar respetuosamente a los Titulares del Ejecutivo estatal y a los presidentes municipales, para que en uso de sus facultades y en medida de sus posibilidades, puedan realizar la contratación y acuerdos con las empresas de seguridad privada, para que puedan servir como auxiliares en los retenes de salud establecidos, con la finalidad de apoyar en la reactivación económica de estas empresas y permitir que las autoridades puedan avocarse a las tareas de seguridad pública.

La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN), manifestó el voto en contra de su bancada porque no se cuenta en el Presupuesto de Egresos 2020 con una partida para ese tipo de contrataciones, además que el empréstito avalado al Ejecutivo estatal el año pasado ha servido para incrementar la seguridad.

Por otro lado,  la LXII Legislatura aprobó por unanimidad las reformas a diversas disposiciones de la Ley de Educación y al Código de Administración Pública de Yucatán, para establecer protocolos en los planteles escolares ante la posible desaparición de estudiantes, en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado.

Entre dichas reformas, destaca que serán los directores escolares los responsables de dirigir y coordinar los esfuerzos de profesores, trabajadores sociales, alumnos y padres de familia, así como implementar los protocolos escolares emitidos por la Secretaría de Educación del Estado (SEGEY), ante la desaparición o sustracción de estudiantes.

La promovente de la iniciativa, Kathia Bolio Pinelo (PAN), mencionó que nadie debe arrebatarnos la tranquilidad que se vive en Yucatán, por lo que también se debe vigilar posteriormente que estos protocolos se apliquen, porque de lo contrario, las escuelas y su personal estarían cometiendo una gran infracción, que podría derivar en una multa administrativa o el retiro de la validez oficial ante la Secretaría de Educación, en el caso de los centros privados.

Además, los 25 diputados avalaron por unanimidad que se declare el Día Estatal de la Mujer y la Niña en la Ciencia cada 11 de febrero, para lo cual el Gobierno del Estado también tendrá que realizar actividades conmemorativas.

La promovente de la iniciativa, Lila Frías Castillo, invitó al Gobierno del Estado para que, a través de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior, celebre y reconozca a las mujeres de ciencia con acciones que resalten y dignifiquen su aportación a la sociedad, pero sobretodo incentivarlas para que sigan con la labor que realizan.

“Proporcionándoles en la medida de sus posibilidades las herramientas necesarias para que puedan desarrollarse y llevar a cabo su labor, desde una perspectiva de género, con oportunidades acordes para ellas y de esta manera promover y dejar su legado, pero sobretodo la semilla para muchas nuevas mujeres dedicadas a la ciencia y la tecnología”, recalcó.

En la misma plenaria, se turnó a la comisión de Justicia y Seguridad Pública, la iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley del Notariado y la Ley del Catastro, ambas del Estado, suscrita por la diputada Kathia Bolio Pinelo (PAN); así como la iniciativa de reformas al Código Penal del Estado, en materia de lesiones causadas a personal de salud, en caso de emergencia sanitaria, presentada por el diputado Felipe Cervera Hernández, a nombre de la fracción del PRI.

Sobre este último punto, Luis Borjas Romero (PRI), explicó que se crearía el artículo 350-Bis en el Código Penal para que cuando el ofendido pertenezca a una institución médica o de prestación de servicios de salud pública o privada, para aquellas lesiones que no pongan en peligro la vida del ofendido y tarde en sanar hasta quince días, se le impondrán a quien la infiera, de uno a tres años de prisión o de cincuenta a doscientos días-multa y de cincuenta a cien días de trabajo en favor de la comunidad. Si tardare en sanar más de quince días se le impondrá de tres a cinco años de prisión y de cincuenta a quinientos días-multa.

Cuando las conductas señaladas en el presente artículo se cometan durante una emergencia sanitaria o, quien las infiera sea un servidor público, las penalidades del párrafo anterior se aumentarán hasta en una mitad más.

Desde su curul, Manuel Díaz Suárez (PAN), también presentó una iniciativa para adicionar el artículo 185 bis, así como reformas al Código Penal del Estado, para sancionar de 2 a 5 años de prisión a quien realice o incite a actos de violencia contra el personal médico, que podría aumentar si se realice en una emergencia sanitaria.

También, se envió a la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, la iniciativa de reformas a la Constitución Política del Estado, así como otra para reformar diversas disposiciones de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo y de su Reglamento, ambas en materia de sesiones fuera del recinto por contingencia, presentadas por el Coordinador de las y los diputados del PRI, a nombre de sus integrantes.

En este caso, el también presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Felipe Cervera, indicó que estas iniciativas están enfocadas a poder realizar sesiones fuera del Recinto Legislativo, cuando se presenten condiciones como la contingencia sanitaria pero garantizando que los diputados puedan tener acceso a sistemas de cómputo confiable “porque legislar también implica respetar y garantizar el principio de certeza jurídica”.

Por otro lado, se turnó a la comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal la iniciativa para reformar la Ley de Ingresos de Sotuta, Yucatán; así como se dieron a conocer documentos de las Legislaturas de los estados de Tamaulipas y Zacatecas.

En asuntos generales, Milagros Romero Bastarrachea (MC) alertó que se registró un incremento de la violencia familiar, ante las medidas de quedarse en casa y la Ley Seca en Yucatán, por lo que pidió atención sobre el tema; además, denunció que el Instituto Tecnológico de Mérida pide que alumnos que no cuenten con infraestructura tecnológica para tener clases virtuales se den de baja por el momento.

Ante ello, Lila Frías Castillo (PRI), indicó que esa medida es parte de la normatividad de los tecnológicos a nivel nacional, que es amplia y compleja, por lo que pidió entrar en diálogo con los directores, para conocer los motivos dentro de las políticas del Centro de Estudios.
Para finalizar, la Mesa Directiva informó a los 25 diputados que se les notificará sobre la próxima Sesión Ordinaria con 24 horas de anticipación, mediante oficio donde se especificará lugar y hora.