Acusan al Alcalde y otros funcionarios de corrupción

 Siete regidores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se apersonaron a la contraloría  municipal en la calle 50 entre 53 y 51 donde presentaron una denuncia y pidieron se investigue a servidores públicos municipales encabezados por el alcalde Renán Barrera Concha por hechos de responsabilidad administrativa y que pueden ser consideradas de tipo penal por el arrendamiento de un predio propiedad de Alfonso Peniche Manzano, subdirector del Instituto Municipal de la Salud y que por la simulación de actas y documentos recibió un beneficio indebido.

En la queja también se acusó a Alejandro Ruz Castro, secretario de la comuna; Jorge Gamboa Wong, director de administración y al oficial mayor, Mario Martínez Laviada.

El sábado 15 pasado en sesión de cabildo, el regidor Enrique Alfaro Manzanilla dio a conocer pruebas aportadas por ciudadanos referente a un predio de la colonia García Ginerés propiedad de un funcionario municipal y que está siendo habilitado para el Uso de Ventanilla Municipal con una vigencia del 1 de junio al 31 de diciembre de 2013 con un pago mensual de 36 mil pesos para un total de 252 mil pesos, provenientes del erario público.

“Pedimos a la contraloría municipal acumulen esta queja a la existente y a la que han presentado ciudadanos y nosotros nos coadyuvamos en esta presentación de la queja y pedimos a la contraloría analizar la conducta de los servidores públicos, si está sujeta a la ley de responsabilidades de servidores públicos del estado de Yucatá, así como 10 acciones que debe de acordar respecto a la solicitud de documentos e información” comentó.

 El regidor pidió también al colegio de corredores haga un análisis respecto a la renta por la ubicación del predio, ya que el monto de $36 mil pesos mensuales no es lo que vale y pidió al colegio de notarios que emita un informe respecto a la actuación de un escribano público, Gualberto Sánchez Pool, quien exhibió un contrato de comodato para que sirviera de base para estos actos.

 “Estamos hablando del contrato de arrendamiento y estamos hablando de un contrato de adjudicación de obra por  más de 472 milpesos al propio bien que se estuvo haciendo durante la misma vigencia del arrendamiento,  con el objeto de usarlo como oficina y no vemos  para que pagar 36 mil pesos en exceso y se esté haciendo obra y se pudo constatar que la ventanilla única no está funcionando y podemos tener un tipo de daño patrimonial” indicó.

 Dijo desconocer si hay una modificación al contrato en tema de cantidades y términos y agregó que también se hizo una petición a la titular de la contraloría para que informara si hay resoluciones de las 4 quejas presentadas con anterioridad, de los cuales en 2 está involucrado el alcalde, el tema de las luminarias y el caso Sana.