"Huacho" convoca a prevenir conflictos por designación del titular de la ASEY

En la antesala a la designación del Auditor Superior del Estado de Yucatán y cercana la fecha para la homologación del estado al Sistema Nacional Anticorrupción, el Diputado federal Joaquín Díaz Mena “Huacho” explicó que la ley General de Responsabilidades Administrativas, cuya vigencia inicia el 19 de julio de 2017, es el límite para homologar las leyes del estado.

Por lo anterior hizo un llamado respetuoso al Congreso del Estado para que tome en cuenta los criterios de esta Ley que en los próximos días tendrá que homologar y un punto importante que se debe considerar es la declaración de conflictos de interés de quienes vayan a formar parte del Sistema Estatal Anticorrupción que debe empezar a funcionar.

Expresó que deben tomarse las previsiones necesarias para que, quien resulte nombrado no vaya a caer en situaciones fuera de las leyes que están por aprobarse.

En el marco jurídico que entrará en vigor, se define el conflicto de interés como la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios.

Para el H. Congreso del Estado de Yucatán, el nombramiento del titular de la ASEY no es un asunto menor, por el contrario, reviste gran responsabilidad e importancia, toda vez que al estar próxima la puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción y su vinculación con el Sistema Nacional, el interés superior debe prevalecer por sobre cualquier otro, más aún cuando la ASEY forma parte del Sistema Nacional de Fiscalización.

“A nivel federal, el marco jurídico que regula el Sistema Nacional Anticorrupción establece diversas disposiciones para que los servidores públicos se desempeñen bajo los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público”, explicó el Diputado Díaz Mena.

“En lo personal he recibido de diversos sectores de la población, signos de preocupación porque lamentablemente hay una pérdida de credibilidad de los ciudadanos hacia las instituciones, por ello hoy más que nunca es necesario transparentar cualquier proceso pero sobre todo si se refiere al nombramiento de quien será pieza clave en el Sistema Estatal Anticorrupción.

Por lo anterior hago un llamado respetuoso al Congreso del Estado a tomar en cuenta los criterios de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que en los próximos días tendrá que homologar, no vaya a resultar que porque estamos en el límite del tiempo, se nombre a una persona que cuando se apruebe la homologación de leyes estatales, caiga en violaciones al marco jurídico y el argumento con el que se justifique sea que la ley no puede ser retroactiva en perjuicio de nadie”. Puntualizó el Diputado Díaz Mena.

En Yucatán aún se encuentra en proceso la modificación de diversas leyes, orientadas a establecer con claridad el marco jurídico estatal que dará vida al Sistema Estatal Anticorrupción y cumplir con las disposiciones federales, pues aunque no se han homologado las leyes reglamentarias para conformarlo, existe una vinculación entre ambos sistemas, lo que de manera directa obliga a que a nivel local se adopten los criterios que prevalecen a nivel federal; de hecho hay disposiciones como la propia Constitución Política del Estado de Yucatán reformada mediante decreto 380/2016 publicado el 20 de abril de 2016 que establece en su Art. 101 bis que el Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia que participará, colaborará y asistirá en sus funciones al Sistema Nacional Anticorrupción.

La Constitución Política del Estado de Yucatán, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, así como el Código de Ética Profesional de la ASEY, establecen claramente diversas disposiciones para evitar que los conflictos de interés afecten el correcto desempeño de los servidores públicos.

De igual manera, se establece la obligación para que a nivel estatal los Congresos locales establezcan el marco jurídico de los Sistemas Locales Anticorrupción de manera idéntica  a cómo funciona el Sistema Nacional. Es por eso que la entrada en vigor en toda la república, de la ley General de Responsabilidades Administrativas el próximo 19 de julio, es de suma relevancia en el proceso de designación del titular de la ASEY, porque obliga a todos los servidores públicos a presentar su declaración de intereses, así que dicho titular está obligado a presentarla.

“Por lo tanto, exhortamos de manera respetuosa al Congreso del Estado a solicitar a los once candidatos al cargo de titular de la ASEY que presenten su declaración de intereses de una vez, de manera que estas declaraciones sirvan para identificar a aquellos que estarían en riesgo de caer en conflicto de intereses.

Como parte de las actividades que se derivan del Sistema Nacional Anticorrupción, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, está llevando a cabo un procedimiento similar al que se desarrolla en el Congreso local. En ese procedimiento se está por designar a los contralores de tres órganos autónomos federales (INAI, COFETEL y COFECE).

La Junta de Coordinación Política emitió un punto de acuerdo en el que solicitan a los candidatos a ocupar esos cargos, presentar su declaración de intereses. Todos los que cumplieron y presentaron dicha declaración, continúan en el proceso.

Para evitar la percepción en la sociedad de que existe conflicto de intereses en algunos de los aspirantes, puede hacerse en el Congreso del Estado un acuerdo similar al de la Cámara de Diputados para pedir a los aspirantes que presenten su declaración de intereses. No está en la convocatoria que emitieron pero mediante un acuerdo similar lo pueden hacer.

La sociedad yucateca está atenta a este proceso y está siendo muy comentado. En lo personal he recibido de diversos sectores de la población la preocupación porque lamentablemente hay una pérdida de credibilidad de los ciudadanos hacia las instituciones; por ello hoy más que nunca es necesario transparentar cualquier proceso, pero sobre todo si se refiere al nombramiento de quien será pieza clave en el Sistema Estatal Anticorrupción”. Concluyó el Diputado Joaquín Díaz Mena.