La CIRT advierte riesgos por competencia desleal

28 de mayo de 2014

La CIRT advierte riesgos por competencia desleal

Integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, CIRT, en sesión extraordinaria del Consejo Directivo, señalaron el enorme riesgo que significa la competencia desleal a la que se enfrentaría la Industria si se permite comercializar a las estaciones públicas y sociales.

La Reforma constitucional en materia de radiodifusión y telecomunicaciones establece en el artículo 28 constitucional que “Las concesiones para uso público y social serán sin fines de lucro.”

Y es que la venta de espacios para anuncios es una actividad esencialmente mercantil, y por ello las estaciones de uso social tienen una prohibición  constitucional para hacerlo.

Por lo que que los integrantes de la CIRT señalan que el Congreso debe tener en cuenta que al permitir a las estaciones sociales que comercialicen, les otorgaría una ventaja competitiva en el mercado en detrimento de las concesiones comerciales.

Además, las concesiones comerciales pagan una contraprestación económica y otras en especie, mientras que las concesiones públicas y sociales no están obligadas a pagar.

Tristán Canales Najjar, Presidente de la CIRT, dejó en claro que la Industria ve como un acierto que la Ley contemple modalidades de concesión comerciales, públicas y sociales.

Por ello la CIRT reiteró que es indispensable definir en las leyes reglamentarias, temas fundamentales como las fuentes de financiamiento de los diferentes tipos de concesión.

Radiodifusores señalaron, que la intención de algunos grupos políticos de regularizar estaciones ilegales, autodenominadas comunitarias, y  permitirles comercializar sin pagar contraprestación alguna, es una estrategia político electoral para darle la vuelta a la Ley General de Instituciones Electorales aprobada la semana pasada.

Al término de la sesión, Tristán Canales expresó que la Iniciativa del Presidente de la República es positiva para la Industria y dijo tener confianza en que el Congreso hará responsablemente su parte. 

Ante la intención de regularizar estaciones ilegales, autodenominadas comunitarias, y permitirles comercializar sin pagar contraprestación alguna.

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